La torre Grenfell de Londres será derribada tras el incendio que causó más de 70 muertes

La viceprimera ministra, Angela Rayner, participó la semana pasada en una tensa reunión con vecinos de la zona y familiares de los fallecidos y se vio obligada a marcharse del encuentro con sus guardaespaldas debido a las quejas de una parte de la audiencia. Rayner habría sido tosca a la hora de explicar el derribo y el público insatisfecho le habría lanzado preguntas hostiles, como que enumerase el número de afectados con los que se había entrevistado.

La declaración oficial emitida por el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Administración Municipal cambia la palabra derribo por deconstrucción. Aunque hay diferencias de opinión entre grupos y personas del barrio, los ingenieros contratados por el Ejecutivo británico consideran que el deterioro de la estructura de la torre Grenfell obliga a una demolición paulatina con maquinaria moderna.

El edificio, de 24 plantas, que se conocía en sus primeros años como la torre marroquí, al ubicarse en un área que acogió a muchos inmigrantes del país magrebí, se construyó en 1974. En Londres y otras ciudades del Reino Unido se levantaron numerosos bloques en aquellos años para albergar a residentes de baja renta. El edificio Grenfell estaba en los límites de uno de los distritos más ricos del país: el burgo de Kensington y Chelsea.

La investigación pública sobre las responsabilidades de la mayor tragedia de ese tipo ocurrida en la capital británica concluyó en su informe final que la unidad municipal que debía dedicarse al mantenimiento del edificio respondió con indiferencia a las advertencias de inquilinos sobre el riesgo de un desastre en caso de incendio y, además, no cumplió con las tareas generales de seguridad. En 2012, esa agencia contrató una renovación de la torre. Ni los miembros de su equipo ni los constructores contratados informaron de que estaban instalando en las fachadas revestimientos de aluminio con interior de polietileno, prohibidos en otros países, que tiempo más tarde se convertirían en los conductores del fuego. El incendio comenzó en el frigorífico de un vecino de la planta 16.

El informe elaborado por el juez sir Martin Moore Bick achacó, en cambio, la responsabilidad de la tragedia a los políticos que promovieron la eliminación de los requisitos en las normas de construcción para levantar más viviendas y también señaló falta de preparación del servicio londinense de Bomberos para apagar el fuego en edificios de muchas plantas.

El número de fallecidos y las horribles muertes que tuvieron las personas atrapadas entre las llamas causaron consternación en la sociedad británica. El Ayuntamiento de Londres se movilizó para alojar a los desahuciados y, por ejemplo, deportistas renunciaron a los patrocinios que tenían de las empresas fabricantes de los revestimientos, que vendieron los materiales combustibles a pesar de que conocían el peligro que tenían en caso de incendio.

La torre Grenfell será derruida y una comisión que agrupa a vecinos, personalidades de la política local y funcionarios del Ministerio de la Vivienda, asesorados por el Real Instituto de Arquitectos Británicos, han elegido ya a cinco estudios de arquitectura como parte del proceso para decidirá quién diseñará el memorial que ocupará el espacio donde ahora se levanta el bloque.

Un informe de la Oficina Nacional de Auditoría estimaba en el mes de enero que entre 9.000 y 12.000 edificios de once o más metros de altura, con revestimientos peligrosos, no han sido aún reformados. En agosto de 2024 sólo 4771 habían sido identificados como pendientes de rehabilitación y 1.392 habían tenido una renovación completa. De los 514 que tenían el mismo tipo de revestimiento que la torre Grenfell, 477 los habían eliminado. El nuevo Ministerio de Vivienda laborista elaboró en sus inicios un plan acelerado para resolver un problema extendido por el país.

La investigación de la oficina auditora revelaba que miles de residentes han tenido que financiar ellos mismos la reforma de las fachadas, impregnadas con materiales combustibles. Además del coste y del temor permanente a un incendio, los propietarios no pueden vender su vivienda. El Gobierno del Reino Unido ha modificado normas de construcción, pero no conoce el número exacto de edificios con una altura inferior a once metros. El 60% de los bloques inseguros no habría sido aún identificado.