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Veintisiete niños españoles, tres monitores y diez niños de Bucrana, un pueblo de Irlanda donde los vecinos acogen cada verano a los hijos de padres que los envían allí para aprender inglés, caminaban a las tres de la tarde del 15 de agosto de 1998 ... por la Calle del Mercado de Omagh. Iban a visitar un museo en esa ciudad de Irlanda del Norte.
La explosión a esa hora de la bomba colocada por miembros de un grupo de ultras nacionalistas irlandeses, en un automóvil aparcado en esa calle, provocó la muerte de una monitora, Rocío Abad Ramos, de 23 años, y a Fernando Blasco Baselga, de 12. Otras 27 personas murieron en el asesinato con más víctimas en la historia del conflicto norirlandés. Más de doscientas fueron heridas.
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Este martes, familiares de las víctimas se han reunido en la biblioteca de Omagh para mantener un encuentro privado. Los vecinos se han reunido más tarde en torno al obelisco de cristal levantado en el lugar de la explosión y dejarán flores. El domingo ya se celebró un servicio religioso público -con lecturas en inglés, irlandés y español- en un Jardín del Recuerdo.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha afirmado que el atentado de Omagh «sacudió a nuestro país y al mundo». La sacudida en el Reino Unido y en Irlanda era honda porque cuatro meses antes se había firmado en Belfast el Acuerdo del Viernes Santo, un hecho inédito que prometía una vida en paz tras treinta años de violencia.
La colocación de la bomba fue reconocida por el entonces llamado IRA Auténtico tres días después. En el comunicado, los autores del crimen afirmaban que no tenían intención de causar daño a civiles. Las llamadas telefónicas avisando de la colocación de una bomba dieron informaciones contradictorias, que llevaron a la Policía a evacuar a la gente en dirección hacia el coche-bomba.
El grupo había colocado su primera bomba en enero de aquel año. Lo habían formado disidentes del liderazgo de Gerry Adams y Martin McGuinness, dos veteranos del Sinn Féin y del IRA Provisional que habían iniciado una negociación con Londres para poner fin a su terrorismo e integrarse en la política. Los disidentes querían preservar la estrategia de violencia para forzar la marcha británica de la isla.
Las figuras destacadas eran el expresidente del Comité Ejecutivo del IRA Provisional, Seamus McGrane, y el responsable del armamento, Michael McKewitt. El primero murió en la cárcel donde cumplía una sentencia por intentar matar al entonces príncipe Carlos con otro grupo disidente. Londres introdujo el delito de dirección de grupo terrorista para condenar a McKewitt a veinte años de prisión.
Nadie ha sido condenado penalmente por la bomba de Omagh, aunque el propio McKewitt, Liam Campbell, Colm Murphy y Deamus Daly fueron condenados a pagar a los familiares de las víctimas 1.75 millones de euros en un procedimiento, por ser culpables del crimen, junto a Sean McKenna. Este habría aparcado el coche con la bomba. Descrito como un alcohólico por quienes le conocieron, murió cayéndose de un andamio en 2013.
El Gobierno británico ya ha nombrado a un juez escocés para presidir una investigación pública que investigará la gestión de inteligencia, el uso de análisis de teléfonos móviles, si hubo conocimiento o medios razonables para conocer que se iba a colocar la bomba, y si hubiera sido posible montar operaciones que perturbasen a los autores para prevenir la atrocidad.
El Gobierno irlandés no se ha comprometido aún, pero la característica común de los cuatro culpables del juicio civil es que viven, o vivían, en la República de Irlanda. Los dos automóviles utilizados partieron del sur de la frontera y la bomba se fabricó en el sur. El servicio de inteligencia británico, MI5, habría recibido el aviso de un estadounidense infiltrado en el liderazgo del IRA Auténtico de que iban a explotar una bomba en Omagh, y no lo habría compartido con la Policía de Irlanda del Norte.
El vigésimo quinto aniversario de la bomba de Omagh coincide con la alarma causada por la publicación por error de los nombres de pila, apellidos, cargo, localización de su trabajo y escala salarial de todos los miembros de la plantilla del Servicio de Policía de Irlanda del Norte(PSNI). Su jefe, Simon Byrne, ha confirmado que los 'disidentes' tienen los datos.
Las consecuencias del error cibernético son que el Nuevo IRA, resultado de la fusión de varios grupos de disidentes, incluido el IRA Auténtico, puede tener más facilidad para intimidar o matar a miembros de la Policía. En febrero, en el extrarradio de Omagh, hirió gravemente con varios disparos a un detective del PSNI que había acudido a un entrenamiento de su hijo.
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