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P. A.
Sábado, 16 de noviembre 2024, 18:15
Hace un año, el levantamiento del 2 de octubre unió a las etnias maya y xinca en contra de la corrupción de la Administración pública. Miles de ellos provocaron 200 bloqueos en la carretera para impedir el tráfico minero, y exigieron la renuncia de altos ... cargos como la Fiscal General Consuelo Porras, sujeto de sanciones internacionales por sus prácticas, incluidas las interferencias en el proceso electoral de 2023. La victoria del socialdemócrata Bernardo Arévalo fue una sorpresa. «Desde entonces ha habido intentos de cambio desde dentro de las instituciones, pero los cargos medios y departamentales protegen sus intereses», afirma Milvian Aspuac.
Los nativos piden la renovación del aparato judicial, sobre todo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, vinculados a la oligarquía. «Manejan el gobierno, la Prensa, el Ejército y la Policía», indica. Curiosamente, la aparición de rivales no menos peligrosos aporta una posibilidad de progreso. «Esas elites tienen la competencia de los señores del crimen organizado y el narcotráfico. El poder se ha fragmentado».
La realidad de las clases populares es diferente. Los proyectos desarrollistas no han dado el resultado esperado. «Por ejemplo, la crianza y venta de pollos y gallinas por las mujeres parecía tan rentable que se sumaron maridos e hijos, pero las empresas pusieron precios inferiores al coste de producción», lamenta. «Cuando creces te eliminan. Los grandes se comen a los pequeños».
Tras este fracaso, la reflexión de las organizaciones campesinas ha privilegiado la vuelta a la filosofía maya, «que pone la vida en el centro», y señala la intención de luchar por salvaguardar el autoconsumo frente al monocultivo, la preservación del medio ambiente, la libre determinación de los pueblos y la conservación de la dieta tradicional, la indumentaria y el sistema medicinal frente a los intentos de rapiña.
La existencia de un gobierno aparentemente ajeno a la clase dirigente resulta excepcional en la convulsa historia guatemalteca. «Nuestro pasado es de extrema violencia y si no hay cambios podemos volver a una situación muy oscura», advierte. 200.000 guatemaltecos fueron asesinados o desaparecieron entre 1960 y 1996. El 93% de estos atropellos corresponde a las Fuerzas Armadas.
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