Arabia Saudí dejará de ejecutar a los condenados a muerte por delitos cometidos cuando eran menores

Con el cambio aprobado, a partir de ahora a una persona detenida cuando es menor de edad se le podrá aplicar un máximo de diez años de cárcel en un centro juvenil. Los castigos físicos, como los latigazos, también serán sustituidos por cárcel, multas o servicios a la comunidad, dependiendo del caso, según aclaró la HRCS. El presidente de esta comisión, Awwad Alawwad, declaró a Reuters que se trata de «un paso adelante trascendental en nuestra agenda de derechos humanos».

La pena capital a menores viola la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que los saudíes ha. Ratificado, pero no cumplían. Para Amnistía Internacional (AI), «el uso de la pena de muerte siempre es terrible, pero es aún más escandaloso cuando se aplica después de juicios injustos o contra personas que tenían menos de 18 años en el momento del delito, en flagrante violación del derecho internacional», según declaraciones de la responsable de Oriente Medio, Lynn Maalouf.

Al menos uno de los 184 ejecutados el año pasado cometió su delito cuando era menor de edad. Arabia Saudí decapitó a Abdulkareem al Hawaj, que tenía 16 años cuando participó, según la fiscalía, en «manifestaciones contra el Gobierno». La rápida condena internacional sirvió para que dos meses después de su caso Murtaja Quereiris se librara de seguir el mismo camino. La Justicia cambió su pena a morir crucificado por una condena de doce años de cárcel por los supuestos delitos cometidos cuando tenía entre 10 y 14 años, según reveló la European Saudi Organization for Human Rights (ESOHR).

Nacido en el seno de una familia de activistas de la oposición en la provincia de Qatif, al este del país, el joven fue detenido con 14 años y al cumplir 17 fue trasladado a una prisión de la policía secreta del reino. Pasó cuatro años sin ningún tipo de acceso a un abogado hasta que compareció ante el Juez en agosto de 2019. Al Hawaj y Quereiris tienen en común que pertenecen a la minoría chií del país. El pulso sectario es cada vez más duro dentro del reino y las autoridades acusan a esta minoría de estar al servicio de Irán.

El último castigo público en territorio saudí que saltó a los medios fue el del blogero Raif Badawi, condenado por «insultos al Islam a través de medios electrónicos». A Badawi le llevaron el viernes 9 de enero de 2015 a una plaza pública de Yedá después de las oraciones al mediodía y recibió 50 latigazos ante cientos de testigos. AI denunció entonces que Badawi recibiría 50 latigazos una vez a la semana durante 20 semanas hasta llegar a los mil que le impuso un juez como parte de una pena de diez años. La campaña que se organizó a nivel mundial frenó los latigazos en la plaza, pero el bloguero, considerado «preso de conciencia» por AI, sigue encerrado y su esposa, Ensfar Haidar, buscó refugio en Canadá tras recibir amenazas de muerte.