La familia de Khasoggi perdona a sus asesinos y les libra de la muerte

«Perdonar a los asesinos no significa que vayan a quedar impunes, pero sí que se anula la pena capital», informó el diario saudí 'Arab News', que recordó que este tipo de gestos son tradicionales durante los últimos diez días del mes sagrado del ayuno.

Khashoggi, una voz crítica con la monarquía, entró al Consulado de su país en Estambul el 2 de octubre de 2018 para realizar un trámite personal para el que había pedido cita previa, y nunca más se supo de él. Su prometida, Hatice Cengiz, reaccionó al mensaje sobre el perdón familiar en su cuenta de Twitter en la que dijo que «nadie tiene derecho de perdonar a los asesinos». Activistas como Yahya Assiri, responsable del grupo ALQST, encargado de documentar las violaciones de derechos humanos en el reino, aclaró que «este asesinato no es un tema familiar, no es un error en un contexto normal. Las autoridades le mataron por su trabajo político, su caso es político».

Este anuncio sobre el caso del periodista llega un año después de que el diario 'The Washington Post' desvelara la existencia de una serie de pagos realizados por la Casa Real saudí a sus cuatro hijos, de los cuales solo Salah reside en el país y los otros tres, en Estados Unidos. Según funcionarios del reino y fuentes cercanas a la familia a las que tuvo acceso el diario estadounidense en el que Khasoggi publicaba sus columnas de opinión, se entregaron viviendas y «pagos mensuales superiores a 10.000 dólares por hijo» como una primera parte de un acuerdo millonario a largo plazo para evitar declaraciones críticas de la familia sobre el asesinato a manos de agentes de seguridad enviados por el propio reino.

En un primer momento, Arabia Saudí negó cualquier vinculación con el asesinato, pero con el paso de los días y de las pruebas que aportaban fuentes turcas, admitió la muerte dentro de la legación a manos de sus funcionarios. Riad arrestó a 18 personas vinculadas con el caso y anunció la destitución del número dos de la Inteligencia, Ahmad al Asiri, y de un importante consejero de la corte real, Saud al Qahtani, ambos cercanos colaboradores del príncipe Mohamed Bin Salman, a quien se dirigieron todas las miradas como organizador de la operación. La Justicia del reino le eximió de cualquier responsabilidad y de los 18 detenidos hubo ocho condenados, cinco de ellos a la pena capital tras un proceso marcado por el secretismo, que fue condenado por Naciones Unidas por la falta de transparencia. Según el fiscal, Shalaan Al-Shalaan, la investigación probó que «el crimen no fue premeditado, la decisión se tomó en el mismo momento».

El organismo internacional elaboró su propio informe sobre el caso y la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, concluyó que Arabia Saudí fue «responsable» de la «ejecución extrajudicial» del periodista. El informe elaborado por Callamard recogió que «existen elementos de prueba creíbles, justificando una investigación suplementaria sobre la responsabilidad individual de altos responsables saudíes, incluido el príncipe heredero». Lo que ocurre es que MBS, el auténtico hombre fuerte del país y principal aliado regional de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, es una línea roja que nadie puede cruzar.