Reino Unido acusa a espías rusos de una campaña de ciberataques en varios países

Según el gobierno británico, su Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) determinó que un número de personas conocidas por haber llevado a cabo varios ciberataques en todo el mundo son miembros del GRU. «Esta campaña del GRU demuestra que está trabajando en secreto para socavar el derecho internacional y las instituciones internacionales», afirmó el comunicado. Estos ataques «han afectado a ciudadanos en un gran número de países, incluida Rusia, y han costado millones a las economías locales», agregó.

Entre las instituciones afectadas, el gobierno británico citó la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y el sistema de transportes en Ucrania.

El NCSC afirma con alta probabilidad que el GRU fue casi seguramente responsable del virus BadRabbit que en octubre de 2017 encriptó numerosos discos duros haciendo inoperativos los sistemas de telecomunicaciones y provocando perturbaciones, entre otros, en el aeropuerto de Odesa, el banco central de Rusia y varios medios de comunicación rusos. «Las acciones del GRU son imprudentes e indiscriminadas: intentan socavar e interferir en las elecciones en otros países, incluso están preparados para dañar a las empresas rusas y a los ciudadanos rusos», aseguró Hunt.

El canciller británico aseguró que su gobierno, junto con sus aliados, está determinado a exponer y responder a las supuestas acciones de los servicios de inteligencia militar rusos contra la estabilidad internacional.

El gobierno británico ya había atribuido en septiembre a dos agentes del GRU, identificados como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia con Novichok, un arma química prohibida, en la ciudad inglesa de Salisbury el 4 de marzo.

Londres afirmó creer que el ataque fue aprobado por el Kremlin, una acusación que fue firmemente denegada por las autoridades de Rusia. «Estos hombres son oficiales del servicio de inteligencia militar ruso, el GRU, que utilizaron un arma química ilegal y terriblemente tóxica en las calles de nuestro país», había denunciado un portavoz de la primera ministra, Theresa May.