Bruselas ofrece a Londres un 'freno de emergencia' para controlar la inmigración

La Unión Europea ha presentado este martes sus propuestas para convencer al Reino Unido de que permanezca en el bloque, entre ellas un recorte de los beneficios sociales a los inmigrantes europeos y la promesa de que una mayor integración de la zona euro no se hará en su detrimento.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha enviado las propuestas para "una nueva membresía" del Reino Unido a los 28 miembros del bloque, dando inicio así a dos semanas de negociaciones entre bambalinas antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 18 y 19 de febrero.

El primer ministro británico, David Cameron, quiere sellar un acuerdo con sus socios para poder organizar en junio un referéndum sobre la permanencia en la UE, que ha prometido celebrar ante la presión en su país de los euroescépticos, dentro y fuera de su partido.

En una declaración a las televisiones británicas, Cameron ha estimado que la propuesta de Tusk, que responde a lo que pidió Londres, "muestra progresos reales (...) pero queda trabajo por hacer". "Estar o no estar juntos, esa es la cuestión... Mis propuestas para un nuevo acuerdo para #UKinEU [Reino Unido en la Unión Europea, NDLR]", ha escrito Tusk en Twitter.

Las propuestas sólo podrán ser efectivas si el Reino Unido decide en su referéndum permanecer dentro del bloque. El borrador señala que comenzarán a regir "en la misma fecha en que el Gobierno del Reino Unido informe" de que decide "seguir siendo miembro de la Unión Europea". Para la Comisión Europea, las propuestas toman en consideración todos los puntos señalados por Cameron, así como las preocupaciones de los otros Estados miembros.

Cláusula de "salvaguardia"

Las propuestas incluyen una cláusula de "salvaguardia", tallada a medida para Londres, que apunta a excluir de las ayudas sociales a los inmigrantes europeos que se instalan en Reino Unido en caso de "llegada de trabajadores de otros Estados miembros de una magnitud excepcional". El mecanismo, válido por hasta cuatro años, podrá activarse cuando los servicios públicos de un país estén desbordados o si la seguridad social es víctima de abusos repetidos.

Esta propuesta valdrá para todos los Estados miembros que quieran recurrir a ella, aunque una fuente europea ha señalado que no esperan que otros de los 28 países miembros del bloque lo soliciten. La medida, considerada discriminatoria por varios países, despierta la férrea oposición de Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia, que tienen a miles de sus ciudadanos trabajando en Reino Unido.

El viernes Cameron se reunirá en Polonia con responsables polacos para suavizar las reticencias. También se reunirá con la canciller alemana, Angela Merkel, el 12 de febrero en Hamburgo.

Entre las propuestas negociadas con Londres también se incluye la promesa de que una mayor integración de los 19 miembros de la zona euro "respetará los derechos y competencias" de los países no miembros de la moneda única. Es decir, que no se haga en su detrimento. Y esto, a pesar de las reticencias de Francia. Los nueve países que no adoptaron la moneda única podrán señalar sus inquietudes y recibir "las garantías necesarias" sobre las decisiones de los 19 que utilizan el euro. Los detalles aún deben ser discutidos.

Tusk también propone dar mayor poder a los parlamentos nacionales que podrán, si suman un 55% de representatividad, detener o cambiar legislaciones europeas. Un paso más en relación al actual sistema que sólo permite a los parlamentos pedir explicaciones a Bruselas sobre una ley.

Los euroescépticos británicos, incluido el aliado de Cameron, el alcalde de Londres Boris Johnson, han criticado esta propuesta para bloquear leyes comunitarias. Johnson ha expresado "dudas" sobre el complejo sistema propuesto y ha estimado que aún se necesita "mucho, mucho más trabajo". El líder del Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, ha tachado la propuesta de reforma como "francamente absurda" estimando que no hay cambios en relación a la situación actual.

El viernes, los 28 emisarios de los mandatarios europeos se reunirán una primera vez para discutir el texto, que necesitará la unanimidad de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de febrero para ser adoptado.