Hungría, Polonia y República Checa, bajo expediente sancionador por rechazar refugiados

"Lamento que pese a las reiteradas llamadas, ni República Checa, ni Hungría ni Polonia hayan tomado aún las acciones necesarias. Por ello, la Comisión Europea ha decidido lanzar procedimientos de infracción contra estos tres países", ha anunciado en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), el comisario de Inmigración e Interior, Dimitris Avramopoulos.

El Colegio de Comisarios ha dado este primer paso tras "muchas llamadas de atención" y ante la falta de gestos por parte de estos tres países, que "no han hecho nada" por cumplir con sus compromisos legales, se ha justificado el comisario.

Con todo, Avramopoulos ha tendido la mano a los gobiernos de Praga, Budapest y Varsovia a los que ha dicho que está dispuesto a frenar el expediente si corrigen su actitud. El programa de la UE da a los estados miembros dos años para cumplir con sus obligaciones legales de acogida, un plazo que expirará el próximo septiembre.

"Si los gobiernos reconsideran sus posiciones, aquí estamos también nosotros para cambiar nuestra decisión. Aún hay tiempo por delante. Esperemos que el espíritu europeo prevalezca", ha aseverado.

En la práctica, ninguno de los estados miembros han completado las plazas de acogida que cada uno asumió hace año y medio para reubicar a los 160.000 demandantes de asilo, pero en su mayoría han agilizado los traslados y notificado la disposición de plazas vacantes cada poco tiempo.

Los tres países del este de Europa expedientados, sin embargo, no han hecho "nada" por cumplir sus obligaciones, ha recalcado el comisario, quien ha informado de que ni Hungría ni Polonia han trasladado a ningún solicitante desde el comienzo del programa y República Checa a nadie desde agosto del pasado año.

La apertura del expediente es solo el primer paso de un proceso largo que da tiempo a los países señalados a responder o plantear soluciones a Bruselas para cerrar el caso. Si los problemas persisten, el Ejecutivo comunitario puede, en última instancia, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

El comisario ha aprovechado su intervención ante la prensa para subrayar que las personas que aceptadas en el programa de reubicación europeo son inmigrantes "en clara necesidad de protección" internacional, y cuya identidad ha sido registrada y verificada.

Con ello Avramopoulos ha incidido en que los traslados no suponen un riesgo para la seguridad de los Estados miembros de acogida, pese a los mensajes en este sentido sugeridos por Gobiernos como el húngaro o el polaco.

Además ha defendido el polémico programa de reubicación y otra iniciativa para trasladar a más de 20.000 refugiados desde países terceros como instrumentos clave para afianzar los canales legales de entrada a la UE y "reducir efectivamente" los flujos de entrada irregular y los movimientos secundarios.

"No podemos y no dejaremos a los Estados miembro de la frontera exterior solos", ha insistido Avramopoulos, quien ha avisado al conjunto del bloque de que "todas las personas elegibles" deben encontrar acogida en los países de la UE "en los próximos meses".

Según las cifras ofrecidas por Bruselas, un total de 11.000 personas esperan a ser trasladadas desde Grecia tras ser registradas y cumplir todos los criterios y otras 2.000 en Italia.

Desde el inicio del programa en septiembre de 2015, un total de 20.869 personas han sido trasladadas dentro de la UE, de las que 13.973 llegaron a Grecia y otras 6.896 a Italia.

España, que hasta la fecha ha reubicado a 886 personas -ninguna en al menos los últimos dos meses-, está obligada a acoger a otros 8.437 de aquí a septiembre para cumplir con su cuota asignada de 9.323 plazas cubiertas.

Además de asignar una cuota de plazas totales, el acuerdo comunitario obliga a los países miembros a notificar contingentes de plazas disponibles al menos cada tres meses.

En el examen que el Colegio de Comisarios ha realizado sobre la estrategia migratoria de la UE también se ha discutido sobre el polémico acuerdo con Turquía, por el que Ankara recibirá una ayuda de al menos 3.000 millones de euros a cambio de contener el paso de inmigrantes a suelo comunitario y aceptará el retorno de los demandantes de asilo rechazados.

"Pese a las circunstancias a veces desafiantes, el acuerdo sigue dando resultado. El número de llegadas continúa bajando, aunque se deben acelerar los retornos de Grecia a Turquía, siempre en pleno respeto de la legalidad internacional", ha resumido el comisario.

El número de llegadas ha caído un 97% desde el inicio del acuerdo entre la UE y Turquía, según los datos de Bruselas, con lo que en la actualidad apenas llegan unas 50 personas por día a las costas de las islas helenas.