Theresa May presenta ante el Parlamento un 'plan b' sin avances ni acuerdos

En su balance del resultado de las conversaciones que ha mantenido en los últimos días con políticos de la oposición -excepto con el líder laborista, Jeremy Corbyn, que rehusó el encuentro-, May ha ofrecido un guion con seis puntos, cuyos dos primeros han sido la imposibilidad de descartar una salida sin acuerdo y la impopularidad de convocar un segundo referéndum.

Librada de las principales reivindicaciones de la oposición, ha prometido, en el aspecto más extraño de su declaración, que responderá a la queja sobre la falta de «flexibilidad e inclusión» en la negociación del Acuerdo cambiando su manera de dirigir la política del país cuando se negocie la futura relación comercial, una vez que se apruebe el documento de salida.

Para hacerlo más digerible a diputados laboristas se ha comprometido a encontrar mecanismos para que se descarte que Reino Unido reducirá salarios o protecciones del medio ambiente para competir con la UE y en otros mercados, sugiriendo la introducción de una ley que obligue al Parlamento británico a considerar las normas laborales o medioambientales que adopte en el futuro la UE.

Pero May ofreció en su discurso un horizonte inmediato. Hablará con los miembros del Partido Democrático Unionista (DUP) para buscar un entendimiento sobre la salvaguarda irlandesa, incluida en el Acuerdo para evitar la extensión de controles en la frontera en Irlanda, y luego intentará negociar con Bruselas alguna modificación que refleje este diálogo con los unionistas.

El 'brexiter' pura sangre Jacob Rees-Mogg había condenado con gran elocuencia esta mañana en su nuevo programa de radio que los residentes comunitarios que han vivido legalmente estos años en Reino Unido sean obligados a pagar unos 75 euros para solicitar el estatus de asentados, que preserva en líneas generales sus derechos de residencia por tiempo indefinido.

La utilización de la aplicación telefónica diseñada por el Ministerio de Interior para la solicitud se ha abierto hoy a los 3,5 millones de residentes. Los responsables confirmaban el viernes las tarifas. Pero May ha anunciado, unas horas después de Rees-Mogg y de la apertura de la aplicación, que la solicitud será gratuita.

Corbyn ha celebrado este anuncio, pero ha criticado el diálogo de May como una «farsa de relaciones públicas». Ha denunciado a la primera ministra por su falta de «flexibilidad y de negociación» y por hallarse «en fase de profunda negación». Pero la primera ministra someterá a votación, el 29, una declaración quizás más detallada, con diversos parlamentarios presentando enmiendas para alterar su curso firme.