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salvador arroyo
Corresponsal. Bruselas
Jueves, 20 de mayo 2021, 19:52
«Fumata blanca. Tenemos acuerdo sobre el Certificado Covid». Con estas palabras anunciaba este jueves el comisario de Justicia, Didier Reynders, pasadas las seis y media de la tarde, el compromiso que acababan de cerrar el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión tras ... casi cinco horas de una intensa negociación que necesitó cuatro rondas y que estuvo a punto de frustrarse a principios de esta semana. La UE tendrá el 1 de julio esa especie de 'pasaporte' homologado que permitirá restablecer la movilidad interior y que será un salvavidas para el sector turístico. Contemplará tres posibles opciones: estar vacunado, disponer una prueba negativa de covid o de un test que demuestre haber superado la enfermedad y haber desarrollado anticuerpos.
El pacto alcanzado sortea el obstáculo de la gratuidad universal de las PCR que venía exigiendo el Parlamento Europeo. Porque el Ejecutivo comunitario se compromete a movilizar un mínimo de cien millones de euros para apoyar a la compra de pruebas con menor coste o gratuitas, en principio, solo para aquellos ciudadanos que tengan que desplazarse por motivos laborales, familiares o médicos. No así, por tanto, los viajes por cuestiones de ocio.
En lo que se refiere a la otra exigencia del legislativo, que no se impusieran ni cuarentenas ni tests adicionales a los viajeros portadores del certificado, se arrancó el compromiso de los países de que esos controles adicionales solo se adoptarán «si son necesarios» y siempre de «forma proporcionada» para salvaguardar «la salud pública en respuesta a la pandemia» y teniendo en cuenta «las evidencias científicas« incluidos los datos actualizados del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y las recomendaciones de la Comisión». Se deberán comunicar con 48 horas de antelación al resto de Estados y a la Comisión Europea.
El cronograma plantea que este pacto político debe ser refrendado la próxima semana en la Comisión de Libertades Civiles (Libre) que preside el español Juan Fernando López Aguilar. Posteriormente será ratificado en la primera sesión plenaria de junio. Los Estados asumen tenerlo ya en marcha el 1 de julio. Será gratuito, en formato papel y mediante código QR ¿Su denominación? 'Certificado Digital Covid' (nombre propuesto por la Eurocámara frente al 'Certificado Verde Digital' que planteaba Bruselas.
«Hemos mejorado sustancialmente tanto la propuesta de la Comisión como el mandato negociador del Consejo», ha subrayado López Aguilar al hacer balance de unas negociaciones «largas e intensas» que, de haber fracasado, amenazaban con una nueva cacofonía de pases nacionales y medidas heterogéneas en la Unión.
La de este jueves fue la cuarta ronda de negociaciones y se había planteado como la definitiva después de que durante más de cinco horas el Parlamento Europeo y el Consejo no consiguieran acercar posiciones de forma sustancial el pasado martes. La principal fricción ha sido siempre la gratuidad universal de los test PCR. Una exigencia de los eurodiputados que generó desde el primer momento un rechazo mayoritario entre los Veintisiete bajo el argumento de que la factura sería inasumible.
Un 'no' rotundo especialmente de socios como España que lideran el sector turístico en Europa. Argumentaba que dado que la vacunación no estará lo suficientemente extendida para la inminente campaña de vacaciones se verían obligados a asumir el coste de los tests de millones de visitantes en el momento de regresar a sus países de origen.
La cuestión es que en aquella negociación fallida de principios de semana, el Parlamento Europeo sí suavizó ligeramente su postura. Propuso utilizar el Instrumento de apoyo de emergencia europeo y asignar «una cantidad sustancial de dinero» para garantizar pruebas «accesibles, oportunas y gratuitas». Argumentó que no sería la primera vez que se activaba en el contexto de la pandemia citando, por ejemplo, el flujo de 3.500 millones de euros (de los cuales los Estados miembros aportaron 750 millones) que se utilizaron para la compra de vacunas, o los 46 millones que se asignaron para el trabajo preparatorio de este certificado.
Finalmente esta propuesta ha sido la que abierto la vía al compromiso todavía provisional con esa aportación mínima de cien millones de euros que movilizará la Comisión para financiar la compra de pruebas.
Desde la Eurocámara se pidió el miércoles a Portugal, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, que exprimiera «todas las posibilidades» para conseguir un acuerdo en el seno del Consejo Europeo compatible con sus demandas. Pero ya ese miércoles, durante la reunión de embajadores que sí consiguió cerrar el acuerdo para la reapertura de las fronteras a terceros países, no se asumieron concesiones en relación con el 'certificado covid'. Finalmente ha llegado el acuerdo.
La Unión Europea dio este jueves luz verde a la apertura de las fronteras a los viajeros vacunados que provengan de terceros países y a ese nuevo umbral de referencia que limita cualquier entrada de turistas no inmunizados con origen en regiones en las que la incidencia acumulada a 14 días supere los 75 casos por cada 100.000 habitantes. Una regla esta última que, hoy por hoy, sí cumpliría Reino Unido, con 46,3 contagios, pero no Estados Unidos, con una tasa de 147,47.
En todo caso hablamos de recomendaciones generales, ya que las fronteras son competencia exclusiva de cada Estado miembro.Y, en consecuencia, de aplicación voluntaria. Así que es previsible una cacofonía de medidas de control adicionales (test PCR e incluso cuarentenas), además de notables desajustes sobre la identidad de los países con los que se permitirán los desplazamientos.
Ya sucedió el pasado año, cuando se planteó una reapertura a una decena de puntos del globo. Socios comunitarios como Bélgica la fueron restringiendo. Hoy jugará en contra de la nueva reapertura la evolución dispar que el patógeno tiene en distintos puntos de la Unión.
Según el límite que la UE marca para abrirse al exterior, solo Malta (25,26), Portugal (47,82) y Finlandia (52,56) podrían dar ejemplo. A partir de ahí, las líneas de infecciones se entrecruzan de forma caótica. Y las altas incidencias en países como Suecia (577,38), Países Bajos (483.09), Lituania (562,83) o Chipre (521,84) dificultan no solo la entrada de visitantes extracomunitarios, sino también los movimientos interiores entre vecinos. Pilares del turismo como Italia (191), Grecia (286) o España (159) aún mantienen incidencias altas.
En ese escenario, Boris Johnson esgrime cuarentenas y multas de 10.000 libras para desmotivar a los ciudadanos que quieran viajar a países europeos que no están en su 'zona verde' (solo cumple Portugal). «Los países en ámbar son un lugar al que no deberías ir de vacaciones», aseguró este jueves el 'premier' en clara referencia a destinos como España, Francia o Grecia, favoritos de los británicos.
A las incidencias desiguales se suma un punto de partida más o menos caótico en la UE. Hungría por ejemplo, mantiene selladas sus fronteras. Y República Checa y Finlandia prohiben los viajes de ocio.
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