El automóvil generó 39.514 millones de euros en impuestos en 2023

El Gobierno de Pedro Sánchez aprovecha para sacar pecho sobre sus decisiones en torno al automóvil. A través de los programas Perte, se han asignado más de 2.280 millones de euros para desarrollar la industria del coche eléctrico en España -consecuencia de ellos son la creación de una gigafactoría de baterías en Sagunto y, potencialmente, otra en Figueruelas, de Volkswagen y Stellantis, respectivamente-. Se prevé que su presupuesto se expanda en las tercera y cuarta convocatorias, en 500 y 1.250 millones de euros, respectivamente, a lo largo de este año.

En cuanto a los incentivos a la compra de vehículos eléctricos, los planes estatales Moves, lanzados en 2021, han entregado -si bien tarde- más de 850 millones de euros para rebajar la barrera de acceso a las cero emisiones. Esto sin contar con los planes propios de las comunidades autónomas, como Cambia 360 en Madrid, que pueden incluir otros motores.

No es de extrañar que el foco del Ejecutivo sea cuidar al sector. Por un lado, supone el 9% del empleo en España, un 11% del PIB, un 18% de las exportaciones y nos convierte en el segundo mayor productor de coches de Europa.

Por otro lado, todos los impuestos relacionados con el automóvil suponen una gran fuente de ingresos para las administraciones, ya sean locales, regionales o estatal. En total, a lo largo del ejercicio 2023 se recaudaron 39.514 millones de euros en todos los impuestos relacionados con el coche: desde su adquisición -que incluye tanto IVA como la tasa de matriculación- hasta su circulación, consumo de combustible e incluso mantenimiento. De estos, destaca el consumo de carburante, que en el año pasado supuso un 57,7% del total, es decir: 22.804 millones de euros. Esto supuso un retroceso de casi el 6% en comparación con el curso anterior, cuando los precios se dispararon por la guerra en Ucrania.

En cuanto a la adquisición del vehículo, el importe ascendió a 5.630 millones de euros, un 22,7% más que hace un año. De estos, la mayor parte -4.993 millones- fueron correspondientes al IVA, algo que se deduce por el incremento del precio medio de los vehículos.

En comparación, en 2022, todos estos impuestos sumaron 39.443,9 millones, un 0,2% menos que el año pasado.

Sin embargo, al lidiar con cifras agregadas como estas hay que tener cuidado, especialmente cuando se tratan de ingresos que van a parar a diferentes arcas. Si bien el IVA es una tasa que va a parar al Estado y a las comunidades autónomas, los ingresos del impuesto de circulación van directamente al erario de los ayuntamientos.

Es por eso que César Martínez Sánchez, profesor titular de Derecho Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que «no se deben mezclar las administraciones». De estos 39.514 millones, no todos están disponibles para los presupuestos del Estado, por lo que sería impreciso afirmar que suponen un 14,5% del total de la recaudación fiscal en 2023.

El problema de argüir que la totalidad del importe recaudado se pueda destinar a fines más acordes a su procedencia es que esto supondría retirárselo a otras partidas. Las asociaciones que representan al sector de automoción consideran injusto que el Gobierno destine más de 4.000 millones a incentivar algo que les ingresa diez veces más, pero, en palabras del académico, «se trata de un juego de suma cero».

Según la Asociación Española de la Carretera, el mantenimiento de la red vial en nuestro país requiere un desembolso de 9.918 millones de euros, algo que a priori se podría saldar, y varias veces, con la recaudación que proviene del sector del auto. «Las carreteras no son gratis», sentenció el ministro de Transportes, Óscar Puente hace una semana, reanudando el debate sobre su financiación y la implementación de peajes para aumentar los ingresos.

A la hora de abordar el mantenimiento de la red viaria, según Martínez Sánchez, «el primer paso es definir qué administración tendría que encargarse de realizar las obras y definir qué parte de los ingresos se destinan a ello», atendiendo a la procedencia -es decir, los ingresos municipales deben ir destinados a sus presupuestos-. «Si no se plantea la creación de más ingresos», continúa el profesor, «se debe decidir de qué partida se retira».

En la sesión de control en el Congreso de ayer, Óscar Puente afirmó que el Gobierno no implantará peajes en las autovías en esta legislatura.

La directiva UE 2022/362 establece los gravámenes a vehículos por la utilización de determinadas infraestructuras y plantea dos tipos básicos. En palabras de la profesora de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid, María Eugenia López-Lambas, «un peaje propiamente dicho, basado en la distancia recorrida; y tasas de utilización que permitan recorrer a un vehículo durante un tiempo determinado. Por muy impopulares que sean, los peajes parecen que son una de las soluciones que pueden aplicarse, pues los costes de infraestructuras hay que pagarlos de alguna manera».

Una fórmula que se aplica en Suiza es la de viñetas, en la que el transporte pesado paga en función de sus emisiones o su normativa Euro. La norma europea establece que, a partir de 2026, los vehículos pesados comenzarán a pagar una tasa por emisiones de CO2.

Para López-Lambas, «podría haber descuentos a usuarios frecuentes, como residentes en áreas suburbanas que necesitan el coche a diario por no tener acceso a una buena red de transporte público», u otros colectivos, como las personas discapacitadas, los habitantes de zonas despobladas o aquellos que se muevan en autobús.

Para la Fundación Corell, «en el caso de avanzar por la vía del pago por uso de infraestructuras, esta debería formar parte de un paquete de reformas y ayudas que favorezcan la transición de los sectores del transporte por carretera a un nuevo modelo de fiscalización». Para la fundación, es importante tener en cuenta que, al aumentar la eficiencia del parque móvil, habrá menos ingresos públicos por parte de los impuestos de hidrocarburos, lo que hará que estos pierdan su eficacia.

Una de las consideraciones que se deben hacer a la hora de plantear más peajes en las autovías es si estos se traducirían, irremediablemente, en un menor uso de estas carreteras, dado que el 75% de los accidentes mortales en desplazamientos interurbanos de 2023 se produjeron en carreteras convencionales. Aumentar el tráfico por ellas iría en contra de las intenciones de la DGT. «Las salidas de la vía son básicamente en carreteras convencionales, más de la mitad de los atropellos mortales también. Si queremos reducir los accidentes en nuestro país, tenemos que trabajar en este ámbito», sentenció el director de Tráfico, Pere Navarro.

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