Las compañías afectadas por aranceles de la UE al coche eléctrico chino logran una leve rebaja de tasas

En concreto, la Comisión planeaba imponer aranceles del 17,4% a BYD, del 20% a Geely y del 38,1% a SAIC, unas cifras que se han visto ahora levemente reducidas tras la revisión de las compañías al 19,9% en el caso de Geely, y al 37,6% para SAIC.

También se han reajustado los aranceles que afrontarán los fabricantes que han cooperado con los servicios comunitarios durante la investigación del 21% al 20,8%, mientras que el resto que no han colaborado estarán sometidos al porcentaje más alto, que pasa de 38,1% a 37,6%.

«Estos pequeños ajustes se refieren a errores administrativos menores detectados en consulta con las empresas afectadas», ha agregado el portavoz de la Comisión en relación a esta medida que Bruselas toma tras concluir que los fabricantes de este país gozan de una ventaja «desleal» por los subsidios que reciben de Pekín.

No obstante, estas nuevas tasas no serán efectivas hasta el próximo 4 de julio, dado que las normas comunitarias sobre subsidios extranjeros obligan a comunicar previamente a las partes afectadas el alcance de las medidas que Bruselas ve necesarias antes de que sean formalmente aplicadas.

Los servicios comunitarios activaron la vigilancia de las importaciones para estudiar medidas tras observar entradas «masivas» de casi 200.000 vehículos entre octubre de 2023 y enero de 2024, lo que representa un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en términos de media mensual, y del 14% en comparación con el período equivalente entre octubre de 2022 y enero de 2023.

La respuesta comunitaria genera dudas entre algunos países de la UE, como Alemania o Suecia, que temen las consecuencias de una guerra comercial con el gigante asiático, pero es vista con buenos ojos por otros como España y Francia.

También ha expresado reparos sobre la idoneidad de esta medida la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien alertó a la Comisión del peligro de anteponer las disputas comerciales a la transición verde, pues considera que las decisiones sobre comercio «no pueden desligarse del poco tiempo que existe para reducir las emisiones».