El Gobierno deja en el limbo durante al menos dos meses las ayudas al coche eléctrico

Pedro Sánchez ha anunciado que en las próximas semanas trabajará con los grupos parlamentarios para sacar adelante otro real decreto-ley en el que, de nuevo junto con otras medidas, se podrían incluir las ayudas para la electrificación de vehículos. Según Sánchez «ya está negociando con los grupos parlamentarios para que pueda ser aprobado en cuestión de semanas».

Esto significa en la práctica que España se queda por lo menos durante un período estimado de dos meses sin ayudas para la adquisición de vehículo eléctrico o instalación de puntos de recarga, tal y como recogía en Plan MOVES III. Además, según ha publicado el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se anulan las solicitudes presentadas entre el 1 y el 22 de enero de 2025.

Según este organismo, la mera presentación de solicitudes no supone derecho adquirido alguno que deba preservarse ante la derogación del decreto-ley que prorrogaba el Plan MOVES III, por lo que «no es posible, por tanto, que se continúen tramitando las solicitudes que se presentaron durante su vigencia ya que, de ser así, se estarían creando (a posteriori) derechos al amparo de un programa extinto a día de hoy».

La no aprobación también ha hecho decaer la deducción del 15% en el IRPF en la compra de un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2025, una medida que fue implantada el pasado mes de junio, así como las ayudas de hasta un 80% para la instalación de puntos de carga para particulares.

Todo ello ha caído como un jarro de agua fría entre los principales fabricantes y vendedores de vehículos en España, así como para los miembros de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).

Desde esta organización que agrupa a todas las empresas involucradas en la industria de la movilidad eléctrica en España reclaman a la clase política racionalidad, altura de miras y acuerdos rápidos para reactivar un plan de incentivos eficiente, a semejanza del Plan MOVES III, para mantener los compromisos adquiridos por las empresas con sus clientes y dar continuidad al compromiso trasladado por el Gobierno el pasado diciembre.

Tras el anuncio por parte del Gobierno, en diciembre pasado, de la ampliación de ayudas del MOVES III hasta junio de 2025, las matriculaciones han experimentado en enero un crecimiento importante del 60 % en vehículos eléctricos de batería; del 36 % en híbridos enchufables y del 100% en el canal de particulares, hasta que el pasado día 22 se reprobó la Ley Ómnibus, provocando un parón casi total del mercado.

Esta situación supone «una verdadera catástrofe en términos económico, industrial, empresarial, tecnológico, energético y medioambiental « a juicio de AEDIVE, y compromete el futuro de la automoción en España, en un momento muy delicado a nivel geopolítico «en el que resulta imprescindible promover, desde la política, certidumbre y predictibilidad a las inversiones y al propio mercado».

Para Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE «esta situación dificulta el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y genera incertidumbre tanto para las empresas como para los ciudadanos». El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030 «y pone en riesgo una inversión privada cercana a 60.000 millones de euros, necesaria para llegar a esos objetivos» teniendo en cuenta el impacto en toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica y en la generación de empleo en 22 ramas de actividad diferentes, según el reciente «Estudio de Impacto Socioeconómico de la Movilidad Eléctrica en España», por parte de AEDIVE.

Considera el directivo que el Plan MOVES, hasta ahora gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), es una herramienta fundamental en la estrategia de descarbonización del transporte en España «al ofrecer incentivos económicos para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga».

Para las patronales de la automoción Anfac y FACONAUTO, la no convalidación en el Congreso de los Diputados de la prórroga del plan MOVES y la deducción del 15% hasta 3.000 euros en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico supone que el vehículo eléctrico se queda sin ayudas a la compra en España. «Este es el peor escenario que podía acontecer», ya que según los datos de Anfac y ACEA, la patronal de los fabricantes europeos de automoción, en 2024 los turismos eléctricos sumaron sólo el 5,6% de la cuota de mercado en España, muy lejos de la media europea que se sitúa en el 13,6%.

«Sin las ayudas a la compra, como se ha demostrado en otros países de la Unión Europea, se paralizan las ventas de turismos eléctricos, con el consiguiente retraso en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización que marcan España y la Unión Europea». Desde Anfac y FACONAUTO explican que el sector de la automoción está comprometido con la reducción de emisiones y con el tránsito hacia la electromovilidad, pero si en España, como segundo fabricante de automóviles, se paralizan las ventas de eléctricos, «los fabricantes tendrán más problemas para conseguir dichos objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a pagar unas multas por exceso de CO2, que pueden penalizar a la producción española y al empleo de nuestras fábricas. Y si se tradujese en una pérdida de ventas en todo el mercado, la afectación para los concesionarios también sería elevada y con consecuencias para el empleo».

La preocupación por la desaparición de las ayudas al vehículo eléctrico ha llegado también a los trabajadores del sector de la automoción. Así, UGT ha solicitado la la aprobación urgente de la prórroga del Plan Moves III «sin cuyas ayudas el sector del automóvil queda ante un escenario desastroso en la carrera por facilitar la transición progresiva al vehículo eléctrico«. Según el sindicato, esta situación llega en un momento en que »la producción de vehículos en España sigue en números rojos y la venta y la exportación se mantienen alejadas de las cifras anteriores a la pandemia«. »Todas estas señales constituyen un serio aviso de que, o abordamos conjuntamente y de forma decidida las medidas necesarias o nos vamos a ver abocados a una situación irreversible de pérdida tanto de plantas fabricantes de vehículos, como de empresas auxiliares, talleres de reparación, concesionarios, etc., y sobre todo, una cascada de destrucción de miles de puestos de trabajo«, afirma UGT Fica.

Las ayudas del Plan MOVES, que no han sido prorrogadas, contemplan un importe de entre 7.000 y 9.000 euros en caso de achatarramiento para vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos. Para los turismos, la ayuda alcanzaba los 4.500 euros por vehículo (7.000 euros con achatarramiento).

El decreto también contemplaba ayudas de hasta un 80% para la instalación de puntos de carga para particulares en localidades con menos de 5.000 habitantes y un 70% en localidades con una población superior a la anterior.

Estas ayudas recogían, asimismo, subvenciones para las empresas y administraciones públicas que establecieran puntos de recarga de hasta 50kW, por importe de entre el 35% y el 55% del costes en localidades superiores a 5.000 habitantes; y de entre el 40% y el 60% en localidades inferiores a 5.000 habitantes.

Las empresas y administraciones públicas que instalaran puntos de recarga superior a 50kW podían disfrutar de una subvención de entre el 30% y el 40% de lo invertido, en función de los tipos de localidades.