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david guadilla
Jueves, 21 de enero 2016, 12:27
El 20 de diciembre, y a falta de posibles recursos, ayer se concretó de forma definitiva la configuración de los grupos parlamentarios que compondrán la recién estrenada XI legislatura. Finalmente, las marcas con las que Podemos se presentó en Cataluña y Galicia estarán integradas en el mismo bloque que el resto de diputados de la formación morada, a pesar de que su intención inicial era la de actuar de forma independiente. La misma pretensión tenían los cuatro representantes de Compromís, coalición con la que Podemos concurrió en la Comunidad Valenciana, que se integrarán en el Mixto. A su vez, la petición de IU y EH Bildu para juntarse a ERC en un único grupo tampoco ha prosperado. Las negociaciones, rodeadas de una gran polémica, han abierto el debate sobre qué valor tiene disponer de grupo propio.
Los beneficios de disponer de grupo podrían dividirse en dos apartados: uno político y otro económico. Básicamente, da más voz y dinero. El partido que logra funcionar de manera autónoma tiene más opciones de presentar iniciativas políticas, de enmendar las propuestas del Gobierno, puede estar en todas las comisiones y dispone de más tiempo para exponer sus planteamientos. Esto último es muy importante.
Los partidos que no consiguen grupo propio acaban sumergidos en el Mixto. Una especie de cajón donde cabe todo. La legislatura pasada, por ejemplo, terminó integrado por 22 diputados de ocho formaciones diferentes Amaiur, Geroa Bai, Compromís, ERC, BNG, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias y José Antonio Viera, exconsejero andaluz de Empleo que estaba siendo investigado por el caso de los ERE. El diputado socialista presentó su baja como militante, pero retuvo el acta y se pasó al Mixto. Y entre todos se tenían que repartir los tiempos de intervención e intentar consensuar iniciativas, lo cual no es fácil entre fuerzas tan dispares.
Pero también hay un elemento económico, que los partidos insisten en que no es el primordial pero que también está sobre la mesa y que se resume en una idea: las formaciones reciben diferentes cantidades por escaño y voto obtenido, pero también logran un plus si consiguen conformar bloque propio.
Cada grupo percibe una subvención fija de 28.597,08 euros mensuales y una variable en función del número de diputados. Durante la última legislatura, por cada acta se recibían 1.645,49 euros. Además, hay más opciones de tener un puesto destacado en alguna comisión. Los presidentes de estos foros reciben 1.431,31 euros mensuales en «gastos de representación»; los vicepresidentes y los portavoces, 1.046,48; y los secretarios y portavoces adjuntos, 697,65.
Pero, además, a esto hay que añadir que el Estado subvenciona a los partidos. ¿Cómo? Con unos conceptos que para las elecciones del 20 de diciembre quedaron fijados en el BOE publicado el 31 de octubre. El boletín estableció que cada partido recibirá 21.167,64 euros por cada escaño y 0,81 euros por cada voto siempre y cuando se obtenga representación; y que, además, el Estado subvencionará los gastos electorales originados por «el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral», pero con una condición: siempre que la «candidatura de referencia» hubiera obtenido grupo parlamentario.
La cantidad en este último caso es de 0,18 euros «por elector». IU, por ejemplo, obtuvo 922.000 votos, lo que le hubiese dado derecho a unos 165.000 euros de devolución si hubiera logrado tener grupo. Finalmente, todos estos conceptos tendrán que ser repartidos entre los miembros del Mixto. En principio, el Congreso ahorrará 85.791 euros al mes lo que supone más de un millón de euros al año gracias a la concentración en el grupo parlamentario de Podemos de sus socios territoriales y a la decisión de la Mesa de rechazar que los cuatro diputados de Compromís puedan conformar grupo propio.
Todo parece estricto y oficial, regulado por el BOE y el conocido como Régimen Económico y Ayudas de los Señores Diputados. El problema es que los partidos estiran el reglamento interno al máximo. El texto señala de forma clara las condiciones para conformar un grupo. Y éstas pasan por sumar 15 diputados o al menos cinco, pero siempre y cuando el partido en cuestión haya obtenido el 15% de apoyo en las circunscripciones en las que se hayan presentado que son las provincias o un 5% en «el conjunto de la nación». No se permite, y es lo que le ha sucedido a Podemos, que formen grupos separados partidos que «no se hayan enfrentado ante el electorado».
Varios cálculos
Si esas cifras se interpretasen de forma literal, ERC y Democràcia y Llibertat tampoco podrían tener grupo propio porque en la provincia de Barcelona se quedaron por debajo de ese tope del 15%. Es lo que le pasó a Amaiur en 2011. La coalición abertzale no pudo conformarlo porque en Navarra no llegó a esa cifra. Sin embargo, y salvo nuevos cambios, lo más probable es que se haga una interpretación flexible del reglamento y se calcule «la media». Y ERC y DiL ahí sí superan ese 15%.
Los partidos arguyen que dicha flexibilidad a la hora de interpretar la legislación busca aliviar algunas situaciones injustas. Por ejemplo, la de UPyD en 2011. La formación liderada por Rosa Díez logró cinco escaños, pero se quedó en un exiguo 4,69% de apoyo. A pesar de haber recibido 1.140.000 votos podía acabar en el Mixto. Sin embargo, al final pudo disponer de grupo propio.
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