La Fiscalía andaluza pide abrir diligencias contra un consejero de Susana Díaz

La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha pedido la apertura de diligencias contra el consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano al advertir indicios de un posible delito de prevaricación administrativa y falsedad en documento público en relación a un edificio de la Universidad de Sevilla cuyo proyecto se adjudicó siendo él vicerrector. De esta forma, Ramírez de Arellano se convierte en el primer cargo del ejecutivo de Díaz señalado por la justicia.

Fuentes judiciales han confirmado que la Fiscalía ha solicitado al TSJA la apertura de las diligencias, al tratarse de un cargo público aforado. Ahora será la Sala de lo Penal del TSJA la que estudie la denuncia del ministerio público, que se sustenta en un informe policial, y dictamine si se abre o no causa contra el consejero.

La petición de la fiscalía parte de la denuncia realizada hace un año por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla al considerar que en 2008 el entonces vicerrector de Infraestructuras la Universidad hispalense adjudicó de manera arbitraria a un estudio de arquitectura la redacción del proyecto arquitectónico para la construcción del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), un edificio incluido en el Campus de Excelencia Internacional y reservado para trabajos de investigación conjuntos con empresas y laboratorios.

El proyecto, adjudicado en 2008, incluía la edificación de un inmueble de 28.500 metros cuadrados con un coste estimado de 34 millones de euros, de los que 17,7 millones serían subvencionados por el Gobierno central y fondos europeos. Según los denunciantes, la licencia de obra se concedió en virtud a un visado del proyecto concedido un mes antes de que la Universidad encargara el trabajo al estudio seleccionado y se firmara el contrato, por lo que concluyen que la adjudicación se llevó a cabo sin que hubiera siquiera un expediente de contratación.

Tras conocerse la petición de la fiscalía, el PP ya ha señalado que Díaz debería plantearse si mantiene a Ramírez de Arellano en su ejecutivo. El consejero de Economía, que cuando se conoció la denuncia de los arquitectos sevillanos ya aseguró que el procedimiento contó con todas las garantías legales y técnicas, ha defendido su inocencia y ha recordado que se trata de un asunto que nada tiene que ver con su labor en la Junta de Andalucía, al tiempo que ha expresado su total disponibilidad para colaborar con la causa judicial.

En este sentido, el rector de la Universidad, Miguel Ángel Castro, ha justificado la denuncia por el desarrollo fragmentado del proyecto, dado que como la elevada financiación del proyecto no terminaba de llegar se optó por ir construyéndolo por fases, de acuerdo a la disposición de fondos en los presupuestos de cada año.