Piden cárcel para 2 exalcaldes y 7 exconcejales por las basuras de Orihuela

La petición del fiscal también se dirige contra otros 24 sospechosos y ha sido presentada ante el juzgado de Primera Instancia 3 de esta localidad alicantina, una vez cerrada la investigación que originó el denominado caso Brugal. El ministerio público acusa a los procesados de una amplia gama de delitos que van desde la prevaricación, el fraude, el cohecho y las coacciones hasta la extorsión, el tráfico de influencias y la revelación y uso de información privilegiada.

Este asunto de las basuras de Orihuela dio origen a una investigación que, bajo la denominación de caso Brugal, se fue dilatando en el tiempo por la aparición de numerosos indicios de delito, que a su vez dieron pie a una veintena de piezas separadas.

Entre ellas las relativas al plan comarcal de Residuos de la Vega Baja, donde está investigado (antiguamente imputado) el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, del PP; del Plan General de Alicante, donde también figuran los exalcaldes populares Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi; y del plan urbanístico de Rabasa, con la misma Castedo. En varias de ellas figura también el conocido constructor alicantino Enrique Ortiz.

En el caso de la contrata municipal de Orihuela sobre la recogida de basuras, las irregularidades relatadas por Anticorrupción comenzaron a principios de la pasada década, desde que el consistorio aprobó el pliego de condiciones y presentó la oferta una UTE formada por Colsur, empresa de Fenoll, y Necso Entrecanales.

Dicha documentación se presentó "en un baúl lacrado" pero éste "apareció despegado" cuando los ordenanzas fueron a trasladarlo, por lo que "volvieron a cerrar la tapa", pero ese imprevisto no impidió que la licitación del contrato continuara.

Otros acusados

La fiscalía atribuye delitos de fraude, cohecho y prevaricación, entre otros, a los que fueran alcaldes oriolanos Medina y Lorente, así como a los entonces concejales, también del PP, Manuel Abadía, Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia, Antonio Lidón, Pedro Mazón, José Manuel Cotillas, así como a Jesús Ferrández, del Centro Liberal.

También acusa en su escrito y pide penas de cárcel para tres funcionarios municipales, entre ellos el exinterventor municipal José Manuel Espinosa, y un numeroso grupo de familiares de Fenoll y trabajadores de sus empresas.

Anticorrupción entiende que el industrial oriolano, pieza central del caso Brugal, y su entorno incurrieron en un delito de asociación ilícita al conformar una trama mafiosa que no dudó en tratar de extorsionar a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".

Así lo hicieron presuntamente con la candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía, Antonia Moreno, en las elecciones de 2007, o el del Centro Liberal Renovador (CLR), el ya fallecido Joaquín Ezcurra.

Siempre, según el escrito de la Fiscalía, "guiado por el propósito de compensar las ayudas prestadas hasta el momento por los miembros de las formaciones políticas que habían servido sus intereses, así como con la finalidad de conseguir la formación en Orihuela de un Gobierno municipal proclive", Fenoll financió al PP y al Partido Socialdemócrata "fuera de los cauces legales".

Concretamente, aportó dinero para una nueva sede del PP en la costa oriolana y también corrió con los gastos de material publicitario para la campaña de 2007, mientras que también movilizó a personas para actos de la alcaldable Lorente, entre otras actuaciones.