Investigan los 22 millones que gastó la fundación creada para la visita del Papa en Valencia

El magistrado investiga «los posibles delitos que se hayan podido cometer en el ámbito de la contratación desde su constitución el 21 de enero del 2005 hasta el momento de su liquidación y extinción el 21 de marzo del 2014». Es decir, estuvo activa más de nueve años pese a que la visita papal duró dos días. En ese largo periodo, los gastos de la fundación se desbocaron hasta los 22 millones de euros, según los documentos del procedimiento.

El juez tomó la decisión de abrir una pieza separada sobre los contratos de la fundación tras concluir la investigación de la parte valenciana del 'caso Gürtel' referida a la visita del Papa. El pasado 22 de abril propuso juzgar a 24 personas, entre ellas al expresidente de las Cortes autonómicas y también exdirector general de la Policía, Juan Cotino, «elemento nuclear» del supuesto amaño en la contratación pública del alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía por 7,5 millones de euros. Se calcula que de este «desorbitado» presupuesto se sustrajeron 3,3 millones a repartir entre varios imputados. El fiscal pide para Cotino 11 años de cárcel por estos negocios irregulares.

Pero estas cifras se podrían quedar cortas con los gastos conocidos en la fundación. La entidad se constituyó para apoyar la organización del V Encuentro Mundial de la Familia, presidido por Benedicto XVI. La dotación inicial de la fundación fue de 40.000 euros, de los que 30.000 fueron proporcionados por la Generalitat valenciana, Ayuntamiento de Valencia y Diputación.

Contratos públicos

A pesar de que el patronato de la fundación, cuya presidencia efectiva la ejercía el Arzobispado de Valencia, acordó el 30 de octubre del 2006 que se extinguiera «en cuanto se liquide y se terminen de pagar todos los gastos» del evento, las actividades siguieron hasta marzo del 2014. En esas fechas, el Gobierno del popular Alberto Fabra, sustituto de Camps, acordó abonar 1,3 millones para asumir las deudas con los proveedores.

El juez ha puesto el foco en la posible vulneración del régimen de contratación del sector público, ya que al tratarse de un organismo público, las normas sobre licitación de los contratos superiores a 206.000 euros tenían que regirse por la Ley de Contratos. Pero el juez tiene indicios de que se incumplió.

Las cifras son elocuentes: el capital inicial en el 2005 fue de 40.000 euros. A 31 de diciembre de ese año, las pérdidas ya ascendían a 206.109 euros y se suscribió un crédito con Bancaja por 300.000 euros. El año de la visita papal esas cantidades se multiplican: la entidad declaró 8,9 millones de euros en ingresos por «actividad propia» sin que nadie pueda explicar su procedencia. Solo que 2,5 millones vinieron de «convenios de colaboración», 2,1 por «donaciones declaradas» y 435.381 euros por «donaciones anónimas y subvenciones». Mientras tanto, la deuda pendiente cuando finalizó el 2006 pasa de 206.109 euros a 3,5 millones.

Así lo atestigua un informe de la Intervención General de la Administración del Estado de enero del 2015 y otro de la Policía Judicial. Concluyen que no existía departamento de contratación en la fundación y que las decisiones se tomaban en las reuniones del patronato. Por estos hechos declaró como testigo ante el Tribunal Superior de Valencia el coordinador de infraestructura de la fundación, José Selva, y relató que «los que cortaban el bacalao (en la fundación) eran los políticos y el que decidía todo era Juan Cotino».

Según los investigadores, el expresidente de las Cortes valencianas participó «activamente» en las reuniones de la fundación, presidida por el actual obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero, sin que ostentara responsabilidad alguna en el patronato ni formara parte de sus competencias.