La Guardia Civil moviliza a 342 agentes en el mayor golpe contra la corrupción local

Es, probablemente, el mayor golpe contra la corrupción municipal en España en un solo día. La operación Termyca de la Guardia Civil se salda, por el momento, con 23 ayuntamientos de diez provincias diferentes bajo sospecha; doce detenidos y 48 registros, cuatro de ellos en Andorra, el destino final de las decenas de millones de euros de dinero público desviado.

La investigación del juez de la localidad tarraconense de El Vendrell Josep Bosch sobre la trama del 3% y la supuesta financiación irregular de Convergència ha desembocado en una macrooperación que salpica también a consistorios en manos de socialistas y populares.

El nexo de toda esta inmensa red de cohechos y malversaciones son unas ficticias Entidades Públicas Empresariales Locales (EPEL), las mercantiles municipales fantasmas usadas por los empresarios detenidos para saquear impunemente las arcas consistoriales sin mirar su color político.

La Guardia Civil tuvo que movilizar, bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, a 342 agentes. Las redadas se desarrollaron en las provincias de Tarragona, Barcelona, Lérida, Gerona, Madrid, Guadalajara, Huelva, Granada, Castellón y Baleares. Los funcionarios registraron ocho ayuntamientos Torrejón de Ardoz, Chinchón y Miraflores de la Sierra, en Madrid; Ascó, Tortosa, Vandellós y lAmetlla de Mar, en Tarragona; y Trillo, en Guadalajara. Los investigadores allanaron igualmente doce empresas privadas, siete entidades públicas, catorce domicilios y siete despachos por todo el país.

Los agentes del instituto armado, además, requirieron información sobre concursos supuestamente amañados, o contratos por servicios inexistentes, a quince ayuntamientos: Barcelona, Masquefa y Linars del Vallés, en Barcelona; Getafe, Velilla de San Antonio y Collado Villalba, en Madrid; La Seu dUrgel, en Lérida; Gerona y Calonge, en Gerona; Cambrils, en Tarragona; Benicassim, en Castellón; Palos de la Frontera, en Huelva; Armilla, en Granada; y Alaior y Sóller, en Baleares.

Objetivo común

En todos los ayuntamientos, el objetivo fue el mismo: los contratos adjudicados a la consultora Efial y su sucedánea desde el pasado enero, la Consultoría en Gestión Innovadora (CGI), los dos verdaderos epicentros de la trama. Las falsas EPEL de los ayuntamientos bajo sospecha, que en realidad eran meras «figuras instrumentales y ficticias sin actividad alguna» controladas por los empresarios detenidos, según las investigaciones de la Guardia Civil, contrataban a las consultoras para realizar trabajos «igualmente ficticios». Luego, «gran parte de fondos ilícitamente obtenidos eran desviados a Andorra a través de complejas operativas mercantiles», de acuerdo con la tesis de Anticorrupción. El descaro de los detenidos era tal, que en algunos casos entre los directivos de las falsas EPEL figuraban dirigentes de Efial.

Esta operativa, que tiene su origen en consistorios gobernados por CiU, fue descubierta a finales de junio de 2014 en el marco de la operación Turm de la Guardia Civil sobre amaños en contratos a favor de Efial en el ayuntamiento tarraconense de Torredembarra. La investigación sobre esta mercantil creada en 2007 y que trabajó para más de 70 ayuntamientos de CiU con solo 30 empleados y las pesquisas conexas en 2015 sobre la operación Petrum (caso del 3%) han dejado al descubierto que la gestoría, tras cambiar de nombre por el de CGI, ha extendido sus tentáculos por numerosos consistorios de la geografía nacional en los últimos meses. La promesa de los detenidos a esos ayuntamientos ahogados por la crisis era muy atractiva: a través de las EPEL los municipios ahorrarían dinero al externalizar servicios públicos y poder deducir el IVA. La verdad era otra: los arrestados se autoadjudicaban contratos sobre trabajos que nunca se hacían, a pesar de que secretarios municipales y los interventores venían advirtiendo que esas estructuras creadas por Efial escapaban de cualquier control consistorial.

Entre los doce detenidos están los exalcaldes de Anglès Josep Manel Bassols, que ya fue arrestado durante la investigación del caso del 3%, y de lAmetlla de Mar Andreu Martí, también de Convergència. Los dos habrían recib