El exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña vuelve a la judicatura

El Poder Judicial según habían adelantado fuentes de este órgano no tenía «margen ninguno» para vetar el regreso a la justicia del exjefe de la OAC, que, por el momento, no está encausado por el escándalo de las reuniones en octubre de 2014 en el despacho de Fernández en la sede del Ministerio del Interior.

De Alfonso pidió el martes pasado su regreso a la carrera togada en la plaza que tiene reservada como magistrado en la Audiencia Provincial del Barcelona. La decisión del Poder Judicial de permitir la vuelta del exdirector a la carrera judicial se daba por segura, ya que De Alfonso tenía una excedencia como juez de la Sección Séptima de la Audiencia y podía volver a esta plaza cuando lo solicitara, si se ajustaba al plazo.

Y así era, según todas las fuentes consultadas. Los siete vocales de la Comisión Permanente «se limitaron a cumplir» lo que establece el artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que fija que cualquier juez en excedencia para ocupar un puesto público puede volver a su cargo anterior si lo solicita dentro de los 20 días hábiles inmediatamente siguientes a su cese. Un plazo que se cumple este viernes.

«Tajante»

Contra el exdirector de la OAC recuerdan fuentes del consejo no hay ninguna acusación ni imputación pendiente, que pudiera bloquear su regreso. La LOPJ es «tajante»: solo se puede suspender a un juez de sus funciones (o no permitirle, en este caso, reintegrarse a la carrera) si hay un auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento.

Y no es el caso. Al menos, no por el momento. El 14 de julio la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia de ERC contra Jorge Fernández por preconstitución falsa de pruebas y por prevaricación administrativa. El Ministerio Público se negó a actuar contra el ministro, pero dejó la puerta abierta a actuar contra De Alfonso. El Ministerio Público de alto tribunal encomendó a sus departamentos de Madrid y Barcelona la apertura de diligencias informativas para aclarar si el ahora de nuevo juez incurrir en revelación de secretos y en malversación de caudales públicos, de acuerdo con el contenido de las conversaciones que se recogían en las grabaciones filtradas en vísperas del 26-J.

Según fuentes cercanas a la investigación interna abierta por la publicación de las grabaciones, los agentes creen que el aparato que registró las conversaciones lo portaba consigo o entre sus pertenencias el propio De Alfonso, bien de forma voluntario o bien involuntariamente.

La Fiscalía, no obstante, no podrá, por el momento, contar con los informes de la Policía Judicial sobre las grabaciones porque ni el ministro ni De Alfonso han denunciado los hechos. Así, la investigación sigue sin judicializar, pues el Ministerio Público no ha ordenado diligencia policial alguna.

La investigación interna sobre cómo se grabaron las dos reuniones y quién está detrás de su filtración sigue en vía muerta. El equipo mixto de Policía Judicial y Asuntos Internos encargado del asunto hasta ahora se ha limitado a hacer un barrido para confirmar que no hay micrófonos en la sede de Interior. Y poco más, porque no puede realizar escuchas ni registros al seguir la investigación sin judicializar.