Liberada una embarazada de seis meses obligada a prostituirse en Ibiza

La investigación tuvo su origen en una llamada realizada por una ciudadana a la línea gratuita y confidencial 900 10 50 90 de la Policía Nacional, en la que alertaba de las condiciones en las que se encontraba una mujer que, según sus manifestaciones, parecía estar siendo obligada a ejercer la prostitución. Inmediatamente, agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos comprobaron dicha información y, después de localizar a la víctima y ofrecerle todas las medidas de protección que la ley establece, comenzaron una investigación que los llevó hasta dos hermanos de nacionalidad rumana que dirigían una organización criminal dedicada al tráfico y explotación sexual de mujeres.

Los hermanos tenían a sus respectivas parejas sentimentales en Rumanía y, en connivencia con las mismas, buscaban a mujeres jóvenes en su propia localidad natal (Calarasi) o las captaban a través de redes sociales. Seducían a las víctimas utilizando el método del "lover boy", prometiéndolas una vida en común como pareja en Ibiza.

Captadas siendo aún menores de edad

Las investigaciones permitieron a los agentes averiguar que las víctimas habían sido captadas cuando aún eran menores de edad o con los 18 años recién cumplidos, entre los estratos más desfavorecidos de la población y pertenecían, en su mayoría, a familias completamente desestructuradas, careciendo de lazos familiares y afectivos. Estos hechos eran aprovechados por los captadores, que, fingiendo empezar una falsa relación sentimental con ellas y prometiéndolas una vida mejor en España, no tenían ningún problema para que accedieran a acompañarlos hasta nuestro país. Tras un breve periodo de tiempo de relación, los tratantes convencían a las víctimas para que trabajaran ejerciendo la prostitución por el bien común, siendo entonces cuando se daban cuenta de que habían sido engañadas y de que había otras mujeres en su misma situación.

Intentos de suicidio

Comenzaba en ese momento el verdadero calvario para las víctimas que, para que no se negaran a ejercer la prostitución, eran sometidas por los tratantes a violentas agresiones físicas, humillaciones y todo tipo de vejaciones, así como a abortar si se quedaban embarazadas. Además, los detenidos utilizaban plataformas móviles para ver en directo las agresiones, humillaciones y castigos físicos a los que eran sometidas las víctimas.

En la operación, los agentes liberaron a diez víctimas, una de las cuales estaba siendo obligada a ejercer la prostitución pese a estar embarazada de seis meses. La joven era obligada a permanecer durante seis horas de rodillas sin poder dormir mientras uno de los miembros hablaba con el cabecilla de la organización y le mostraba cómo la estaban agrediendo. Varias víctimas relataron a la Policía que la situación a la que estaban siendo sometidas era tan extrema que había habido varios intentos de suicidio.

Las parejas sentimentales de los principales responsables de la organización estaban en Rumanía, donde se ocupaban, además de la captación de posibles víctimas, de recibir los beneficios obtenidos de la explotación sexual de éstas, teniendo constancia los investigadores del envío de casi 700.000 euros. Dadas las evidentes conexiones de los miembros de la organización establecidos en España con otros en Rumanía, se solicitó la colaboración de las autoridades judiciales y policiales rumanas y se organizó un operativo conjunto y simultáneo que permitió la completa desarticulación del entramado.

Durante la fase operativa, los agentes practicaron de forma simultánea dos registros en Ibiza, uno en un domicilio y otro en el club en el que eran explotadas las víctimas y otros dos en domicilios de la localidad rumana de Calasari, en los que se intervinieron casi 21.500 euros y abundante material informático y otra documentación incriminatoria que está siendo analizada por expertos policiales. Además, se procedió a la detención de siete miembros de la organización en España, concretamente seis en Ibiza y uno en Tarragona, y otros dos en Calasari (Rumanía), ingresando todos ellos en prisión por orden de la autoridad judicial, y a la liberación de diez víctimas.