Hacienda registra la discoteca Pachá y el hotel Ushuaïa de Ibiza

Fuentes de la Agencia Tributaria han confirmado que estas actuaciones se enmarcan como segunda fase de la macrooperación Chopin -la primera se lanzó en julio- contra el fraude fiscal en el sector del ocio nocturno y que próximamente se extenderá a otros establecimientos del territorio nacional

La operación Chopin, la mayor efectuada hasta la fecha por el organismo tributario contra la economía sumergida, se inició en julio, aunque las primeras investigaciones se remontan a principios de año cuando se detecta un volumen de cobros con tarjeta declarados a Hacienda por parte de las sociedades ahora inspeccionadas que resultaba anormalmente alto.

Circuito paralelo de efectivo

Tras esta primera evaluación, el Departamento de Inspección identificó que empresas afectadas estaban declarando un volumen de cobros con tarjeta de crédito que duplicaba los movimientos de efectivo en cuentas bancarias conocidos por la Agencia Tributaria. Esta situación alertó sobre la posible existencia de un gran circuito paralelo de efectivo que no se estaba declarando a Hacienda, pero los investigadores también observaron diferencias sustanciales entre la actividad declarada y la que se traslucía a partir de un análisis pormenorizado del aforo habitual de los locales, el precio de las entradas y las consumiciones.

Además, se descubrió que los locales investigados seguían una práctica muy extendida, la de la venta previa de tiquets para consumiciones que luego se eliminaba en barra. Así, el tiquet se vendía al cliente por diversos medios no susceptibles de control y posteriormente se dejaba sin documentar la consumición, aprovechando que en el sector del ocio los destinatarios del servicio son siempre consumidores finales.

Después del análisis de toda la documentación, más de 500 agentes y funcionarios de la Agencia Tributaria, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de las discotecas, lanzó el dispositivo de entrada y registro a 87 discotecas, pubs y oficinas de las sociedades inspeccionadas en 11 comunidades autónomas: Andalucía (10), Aragón (4), Asturias (1), Baleares (4), Canarias (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (2), Galicia (16), Madrid (7) y Comunidad Valenciana (20).

Por su parte, Grupo Pacha señala en un comunicado que siempre ha colaborado con las autoridades y ofrece toda la ayuda necesaria para facilitar su trabajo. Asimismo, asegura que cumple con todos los requisitos legales, fiscales y tributarios en todos los mercados en los que opera.