JxSí y la CUP pactan un «referéndum vinculante como muy tarde en septiembre»

También afirma que el Parlament se mantiene en el compromiso del referéndum y de la activación de mecanismos legislativos que lo hagan posible "en ausencia de acuerdo político con el Estado español".

El texto establece constituir antes del 31 de diciembre de este año "una comisión de seguimiento para el impulso, control y ejecución del referéndum", para garantizar que se ejecute sin más demora en 2017.

El presidente Carles Puigdemont ya asumió este referéndum en el debate de la cuestión de confianza de la semana pasada, pero es la primera vez que este compromiso se fija en una resolución por escrito con las firmas de JxSí y la CUP.

Cumbre inmediata

Los dos grupos quieren que el Govern convoque de forma inmediata "una cumbre de todas las fuerzas políticas y sociales favorables al derecho a la autodeterminación" para abordar la convocatoria del referéndum.

También se fija que una de las tres leyes de desconexión, la de transitoriedad jurídica, esté lista antes del 31 de diciembre para garantizar el periodo de transitoriedad que va "de la república catalana a la aprobación de la Constitución".

Proceso constituyente

JxSí y la CUP también se comprometen a crear en dos meses un "Consejo Asesor del Proceso Constituyente" formado por expertos nacionales e internacionales que asesore sobre las políticas públicas para este proceso.

La resolución, que se aprobará este jueves en la segunda jornada del Debate de Política General, también encarga a la Conselleria de Economía que los Presupuestos 2017 incluyan una partida con los "recursos necesarios para la realización del proceso constituyente".

Apoyo a Mas, Ortega y Rigau

El texto pactado también recoge el apoyo de la Cámara al expresidente Artur Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega ante las causas judiciales abiertas contra ellos por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

"El Parlament manifiesta que en una sociedad democrática no es concebible la persecución de cargos electos ni de ayuntamientos" por su defensa de ideas democráticas como son las vinculadas con el proceso soberanista, afirma el texto.