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cristian reino
Lunes, 10 de octubre 2016, 14:04
La acusación popular en el caso del 9-N, que la ejercen el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía y Manos Limpias, reclama seis años de prisión para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y para las exconsejeras Joana Ortega ... e Irene Rigau por su actuación durante la consulta soberanista de 2014.
La opinión de la acusación popular no coincide con la de la Fiscalía, que en su escrito de acusación, solicitó penas de inhabilitación para Mas (10 años) y sus colaboradoras (nueve años), pero no penas de cárcel. La Fiscalía les acusa de haber cometido los delitos de desobediencia grave y prevaricación, mientras que la acusación popular, que esta mañana ha entregado su escrito de acusación y ha reclamado pedir la apertura de juicio oral, entiende que además de esos dos delitos, los exmiembros del Ejecutivo catalán cometieron el delito de malversación de fondos. Y este delito sí que lleva acompañada la petición de penas de prisión.
Según la acusación popular, la malversación se produjo en la medida en que Mas, Ortega y Rigau utilizaron fondos públicos que facilitaron la indispensable infraestructura informática y logística de la consulta del 9-N.
Después de que la Fiscalía y la acusación hayan presentado ya sus escritos de acusación, solo falta que las defensas entreguen el suyo, en el que previsiblemente reclamarán la absolución de Mas, Ortega y Rigau. Es el último trámite, antes de que el juez decrete la apertura oral y se fije la fecha del juicio, que podría celebrarse en el segundo semestre del año que viene.
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