Los jueces sentenciarán una era de corrupción

Lo más inmediato del nuevo año será la continuación del macrojuicio que se celebra desde octubre en la Audiencia Nacional por la primera época del 'caso Gürtel' (1999-2005), con 37 imputados en el banquillo, y el PP y la exministra Ana Mato como responsables civiles a título lucrativo. El 16 de enero se reanuda la vista oral con la declaración de Luis Bárcenas, extesorero nacional del PP, que se enfrenta a 42 años y medio de prisión. Tras su interrogatorio seguirá el de otros políticos señalados por la Fiscalía Anticorrupción, como el exdiputado Jesús Merino, el exsenador Jesús Sepúlveda o el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, cuyo testimonio podría ser una bomba de relojería para la que era su jefa, la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre. Tras el turno de los acusados vendrá el de los testigos, que tienen obligación de decir la verdad ante el tribunal. Entre el centenar de nombres citados están la propia Aguirre y caras conocidas en la vieja dirección del PP como Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja o Francisco Álvarez-Cascos. La vista concluirá a finales de primavera si no hay contratiempos.

Mientras se desarrolla este juicio se conocerá la sentencia por la pieza juzgada de 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana referida a los contratos en la feria de turismo Fitur (2005-2009). En abril concluyó el juicio a 13 acusados, entre ellos la cúpula de las empresas de Francisco Correa. Se trata de un fallo esperado, ya que el Tribunal Superior valenciano estudia importantes penas, circunstancia que variaría las estrategias de defensa en el macrojuicio de la Audiencia Nacional.

En marzo como mes límite, se conocerá otra sentencia esperada por sus consecuencias para la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin. La magistrada encargada de redactar el fallo del 'caso Nóos', Samantha Romero, pidió a la Audiencia de Palma en noviembre una prórroga de tres meses para poder seguir dedicándose en exclusiva a ese cometido desde que el pasado 22 de junio finalizara el juicio. Entre otras cosas, la juez debe decidir si condena a la hermana del Rey como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales imputados a su marido.

Además, el tribunal debe dilucidar si condena a Urdangarin, para quien el fiscal solicita penas de 19 años y medio de prisión por la supuesta apropiación de 6,2 millones de euros en la organización de varios congresos sobre turismo y deporte en Baleares y la Comunidad Valenciana, cuando Jaume Matas y Francisco Camps presidían ambos ejecutivos autonómicos.

Griñán, contra las cuerdas

En Andalucía, el 'caso de los ERE' fraudulentos -las millonarios subvenciones concedidas por la Junta a empresas en crisis entre 2001 y 2011- ya se llevó por delante a dos expresidentes autonómicos y exdirigentes del PSOE como Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La llamada pieza política se dirige contra 23 ex altos cargos y el juez instructor dictó el pasado noviembre la apertura de juicio oral contra ellos. Se prevé que a principios de enero concluya la presentación de escritos de acusación y de defensa y, una vez resueltos los recursos de apelación pendientes (la última baza para evitar el juicio), se fijará la fecha de la vista oral para este año, probablemente en otoño.

El horizonte más oscuro lo tiene José Antonio Griñán. El que fuera también exconsejero de Economía se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de prisión por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación. Además, si resulta condenado tendrá que responder por 483,7 millones de euros solidariamente con otros acusados en concepto de devolución a la Hacienda andaluza. En el caso de Manuel Chaves, el fiscal pide diez años de inhabilitación por prevaricación.

Otros juicios a la espera de tener fecha en 2017 son dos piezas separadas de la 'operación Púnica', la gigantesca red de tráfico de influencias que afecta a administraciones locales y autonómicas de Madrid, Valencia, Murcia y León, y que cuenta con más de un centenar de investigados. La primera vista oral en la Audiencia Nacional será la del chivatazo policial al principal acusado, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, en prisión provisional desde noviembre de 2014. Después le seguirá la causa referida a la Diputación de León, que afecta a dirigentes provinciales del PP y a otro de los protagonistas del caso, el empresario Alejandro de Pedro.