El juez procesa a Castedo, Alperi y Ortiz por el Plan General

Según considera el juez en la resolución con la que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, los sospechosos supuestamente se confabularon para sacar tajada beneficiando al promotor informándole puntualmente del desarrollo de la transformación del urbanismo de la capital alicantina.

A cambio de este supuesto trato de favor a Ortiz, los dos populares habrían recibido presuntamente regalos y dádivas, según la investigación, que apunta a la entrega de sobornos en efectivo y un viaje a Creta en 'jet' privado para Díaz Alperi y un coche y vacaciones para Sonia Castedo.

Además de Alperi, Castedo y Ortiz, el instructor procesa al resto de posibles implicados, como son el redactor del PGOU, Jesús Quesada, los socios del despacho Salvetti José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, el constructor Ramón Salvador y los supuestos colaboradores de Ortiz, como su hermano Virgilio, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.

A estos, el magistrado los deja al borde del banquillo por delitos de asesoramiento ilegal, cohecho o aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad. Solo queda fuera del procedimiento la mujer del magnate del ladrillo, Manuela, quien aparecía en las escuchas como encargada de comprar regalos a miembros del Ayuntamiento.

Seis años de instrucción

El magistrado Manrique Tejada cierra así seis años de instrucción por delitos de revelación o aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, asesoramiento ilegal y tráfico de influencias.

Según sostiene el juez, en un auto de 240 páginas, los acusados pudieron obtener un beneficio con las gestiones que hicieron del replanteamiento del urbanismo de toda la ciudad basándose en los muchos informes de la UDEF de la Policía Nacional y las horas de pinchazos telefónicos intervenidos por los agentes.

Pieza separada de 'Brugal'

La del PGOU es la única pieza derivada del 'caso Brugal' en la que se halla investigada la exalcaldesa Castedo, después de que la Audiencia Provincial haya confirmado el archivo definitivo de la causa referida al Plan Rabasa.

La Fiscalía Anticorrupción implicó inicialmente a 21 personas al abrirse esta pieza separada de Brugal, pero el juez ha exculpado a muchos de ellos al no haberse acreditado indicios de criminalidad.