La infanta Cristina y Urdangarin se enfrentan a la hora de la verdad

El contenido del fallo es una incógnita, más allá de las especulaciones jurídicas o periodísticas. La ponente y presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha trabajado en absoluto secreto en la sentencia desde que la vista oral acabara el 22 de junio de 2016, tras cinco meses y once días de sesiones maratonianas. Según fuentes del proceso, el borrador de la sentencia, que tendrá varios cientos de páginas, está redactado desde principios de año y desde entonces ha sido objeto de continuas correcciones y matizaciones por parte de las otras dos magistradas que componen el tribunal, Eleonor Moyà y Rocío Martín. A pesar del intenso debate, las tres jueces no han querido agotar el plazo límite del 31 de marzo que les dio la Audiencia Provincial.

A pesar del hermetismo de las tres juristas, en medios judiciales palmesanos se da por sentado que Urdangarin y Diego Torres recibirán importantes penas de cárcel -algunos abogados se atreven a apuntar a cercanas a la década- al ser considerados los actores centrales de la red corrupta que organizó los actos bajo sospecha, los Valencia Summits y los Balears Forum.

Sin arrepentimiento

Urdangarin, que se negó durante el juicio a reconocer ni una sola irregularidad ni a avenirse a un pacto con la Fiscalía, acabó la vista oral con la misma petición con la que inició el proceso, 19 años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años), y un último de blanqueo de capitales (dos años). Un abanico amplísimo de delitos, explican fuentes del proceso, que, a priori, le aseguraría una condena abultada, aunque la sala no haga suyos todos los argumentos del fiscal Pedro Horrach o reduzca la pena por malversación, el más grave de los ilícitos a los que se enfrenta.

Diego Torres, por su parte, se enfrenta a una petición fiscal de 16 años y medio por los mismos delitos que Urdangarin, excepto uno de los fraudes fiscales.

En cuanto a Cristina de Borbón, todos en los tribunales de Palma apuestan a que no pisará la cárcel. Es más, que podría ser absuelta. Una condena, aunque solo fuera de meses, sería una «enorme sorpresa» en los juzgados de la capital balear, aunque, de nuevo, todo son puras especulaciones, admiten las fuentes consultadas. Su situación procesal, desde luego, es mucho mejor que la de su marido. La Fiscalía no le acusa de delito alguno. Solo el pseudosindicato Manos Limpias le mantuvo en el banquillo por penas que suman ocho años de prisión, imputándole como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por su marido en su declaración de IRPF (174.575,07 euros en el ejercicio 2007 y 152.350,69 euros en el ejercicio 2008, según el último cálculo de Hacienda).

La infanta, a su favor, tiene que abonó en un primer momento los 587.000 euros que le reclamó el fiscal Horrrach como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos supuestamente por su marido. Posteriormente, Cristina de Borbón consignó en el juzgado los 449.000 euros en los que se cifró su responsabilidad civil por los dos ilícitos de Urdangarin.

Al tribunal, explican estas mismas fuentes, no le costaría demasiado argumentar que con ese millón de euros, la hermana del Rey habría pagado sobradamente su responsabilidad por haberse enriquecido por las defraudaciones de su esposo. El único punto en su contra es que la infanta en su declaración en el juicio, el 3 de marzo del año pasado, se negó a contestar a todas las partes, excepto a su abogado, una estrategia que no suele gustar a los jueces, pero que podría no tener efecto en la sentencia.

Casa Real

Al margen de la suerte de los acusados, una de las grandes incógnitas de la sentencia es si la sala entrará en su fallo a valorar la actuación de la Casa Real en este asunto y, en particular, si llegó a conocer los desmanes de Urdangarin y su socio invocando el nombre de la Corona.

Tanto Cristina de Bobón como Urdangarin y Torres insistieron hasta la saciedad durante el juicio en que todos los movimientos del Instituto Nóos estaban supervisados hasta el extremo por la Zarzuela. Es más, que había diferentes filtros y que, al menos tres cargos de la Casa Real controlaban sus movimientos: Carlos García Revenga, secretario de las infantas; José Manuel Romero, conde de Fontao, asesor jurídico de Juan Carlos I; y Federico Rubio, un alto funcionario de la Agencia Tributaria que ejercía como asesor fiscal de la Zarzuela.

La Casa Real, señalan en los tribunales de Palma, no se sentó en el banquillo de los acusados, pero no sería de extrañar que la sentencia contuviera referencias a la institución en este caso, sobre todo porque los principales encausados se parapetaron detrás de ella para intentar descargarse de culpa.