El PP recusa al juez ponente de los ERE por su «interés en la causa»

El PP denuncia la relación del magistrado con 17 de los acusados en esta pieza, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por su condición de ex alto cargo entre 2008 y 2014, cuando fue secretario general para la Modernización de la Justicia y luego secretario general de Justicia, con rango orgánico de viceconsejero. En su recusación, el PP explica que Chaves, atendiendo a la "especial confianza" con Izquierdo, le designó y nombró alto cargo de su Gobierno en 2008, y Griñán le mantuvo en su puesto, del que fue cesado en 2014 por la presidenta Susana Díaz.

El PP subraya que el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída (...) por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley", y añade que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que "el juez no sólo debe ser imparcial, también tiene que parecer que es imparcial". "Lo que se denuncia en el caso es la relación del magistrado con algunas de las partes del proceso, diecisiete personas acusadas por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos como miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía, del que el Magistrado recusado ha formado parte como alto cargo del mismo", indica el PP.

El juez fue designado y nombrado por uno de los acusados, Manuel Chaves, "previa deliberación de un Consejo de Gobierno al que pertenecían cinco de los acusados" con los que compartió, en parte y temporalmente, su responsabilidad como cargo de confianza, y con los que tenía una relación de "subordinación y dependencia". De esa relación, agrega el PP, "se evidencia una relación continuada que genera una razonable percepción de proximidad" de un cargo de "especial confianza", como señala que recoge la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

La recusación del PP insiste en que "no se puede obviar la importancia fundamental que la apariencia de imparcialidad del tribunal adquiere en el asunto que nos ocupa. El incidente se plantea en la fase de enjuiciamiento de un proceso penal por delitos de corrupción pública dirigido contra personas relevantes de la política". En este sentido, el PP considera que "ese tribunal ha de reconocer y aplicar con el rigor debido la doctrina sobre la apariencia de imparcialidad".

Todo ello, "con la finalidad de preservar y afirmar la confianza de las partes y de la sociedad en los jueces y tribunales frente a la sospecha de contaminación político-partidista en un proceso penal sensible, para despejar cualquier duda sobre la imparcialidad del juez llamado a formar sala", afirma el PP.