La Fiscalía llega a un acuerdo con el 'capo' ruso Petrov que evita su ingreso en prisión

Las líneas maestras del acuerdo suponen que Petrov reconoce su culpabilidad en los hechos perpetrados en Lloret de Mar (Gerona) a cambio de aceptar una condena por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, penados con un año, siete meses y 15 días de prisión, y una multa de 5,5 millones de euros. Por su parte, Roselló se conformaría con un año de prisión y 300.000 euros de sanción. Las mismas fuentes señalaron que la multa a las dos sociedades de Petrov salpicadas en 'Clotilde' se eleva a unos 900.000 euros. Además, se practica el decomiso de bienes valorado en 11 millones de euros (en su momento el acusado tuvo que afianzar unos 60 millones para evitar el embargo y hacer frente a la responsabilidad civil, por lo que el juzgado le tendría que devolver ahora más de 42 millones).

En ambos casos, al ser una pena inferior a los dos años de prisión y al carecer de antecedentes penales evitarían su ingreso en la cárcel. Petrov ya estuvo casi dos años en prisión preventiva por esta operación (febrero de 2013-enero de 2015) y salió en libertad bajo fianza de 80.000 euros. En la actualidad vive en la costa gerundense. El acuerdo ha sido negociado por los fiscales anticorrupción del caso, José Grinda y Fernando Bermejo, y también conlleva el sobreseimiento parcial provisional de la causa para el resto de procesados.

Entre ellos están los «jefes» rusos de Petrov, según la Fiscalía: el general Viktor Kanaikine, su lugarteniente Sergey Namilov y el responsable financiaron de la organización, Andrey Zinchenko. Todo ellos residen en su país. La arquitecta Teresa Gimeno, responsable técnica de los proyectos urbanísticos del grupo, su hermana Teresa, el contable de las sociedades Joan Ernests Ribas o Boris Petrov, padre de Andrei.

BPA y los fiscales

El sobreseimiento parcial provisional no supone el archivo definitivo de la causa para estos acusados. Es decir, si hubiera algún indicio nuevo contra alguno de ellos se reabriría la investigación, por lo que los fiscales se apuntan un tanto al no cerrar la puerta. Precisamente, una causa vinculada a 'Clotilde' es la investigación de BPA-Banco de Madrid por facilitar un presunto blanqueo de capitales de organizaciones internacionales, entre ellas rusas, chinas, venezolanas o mexicanas, según se filtró de forma interesada desde el Sepblac (Ministerio de Economía) y la agencia homóloga en Estados Unidos. El procedimiento lo lleva el mismo juez instructor, Eloy Velasco, y los fiscales.

Precisamente, el magistrado ha dejado patente su enfado con la Fiscalía Anticorrupción en 'Clotilde'. La razón es que desde que dictó el auto de apertura de juicio oral en julio de 2016, los fiscales se resistieron a presentar su escrito de acusación. Tras advertirles con múltiples requerimientos orales y escritos, el 7 de noviembre dictó una providencia donde daba cuenta del retraso al «superior jerárquico» de Grinda y Bermejo. El 22 de ese mes se reiteró la petición. El fiscal jefe respondió en diciembre y el juez Velasco le dio un nuevo margen. Pero el pasado 7 de marzo volvió a advertirle. Entonces, una semana después se ha conocido el acuerdo extrajudicial.

Entremedias, el Tribunal Supremo le dio un varapalo a los fiscales en una pieza separada de 'Clotilde' que vinculaba a CIU con los rusos. La Sala Segunda (de lo penal) estimó de forma parcial el recurso de los condenados en el Tribunal Superior de Cataluña. Petrov, por ejemplo, fue condenado al pago de 450.000 euros de multa por un delito de cohecho activo, pero se fue limpio de polvo y paja de la acusación de liderar una organización criminal.