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El Gobierno avisa a los presos de ETA de que no habrá una solución colectiva

Afirma que los beneficios pasan por los "signos inequívocos" de cada recluso de haber roto con la "disciplina" de la banda

melchor sáiz-pardo

Martes, 4 de abril 2017, 07:05

El Gobierno no da señales de que piense flexibilizar la política penitenciaria para los reclusos de ETA. El Ejecutivo de Mariano Rajoy avisa a EH Bildu de que el futuro de los presos terroristas será siempre "individualizado" y que seguirá la aplicación criterios "científicos" penitenciarios, valorando el caso particular de la "peligrosidad" de cada uno de los encarcelados. El Ejecutivo insiste en que no se plantea una solución general para los reclusos y reitera que la negativa a los beneficios de los que están "calificados de peligrosidad extrema" continuará hasta que estos, siempre de forma individual, den "signos inequívocos" de haber roto con la "disciplina interna" de ETA.

Estas premisas aparecen en una respuesta parlamentaria a la diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, quien en noviembre de 2016 había registrado una extensa batería de preguntas sobre posibles "cambios en relación a la política de dispersión aplicada a los presos vascos". La respuesta del Ejecutivo está fechada el pasado 28 de febrero, aunque se hizo llegar al Congreso el 21 de marzo, solo cuatro días después de que ETA anunciara su desarme para el próximo sábado.

El juez cita al exnúmero dos de la Policía por el informe del Faisán

  • Los policías Enrique Pamiés y José María Ballesteros fueron condenados a un año y medio de prisión e inhabilitados por un delito de revelación de secretos por el chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún. El caso judicial está cerrado. Sin embargo, un informe de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), creada por el anterior director adjunto de la Policía, el comisario Eugenio Pino, en el que «se aclaran algunas responsabilidades» y del que, según los policías que ayer declararon como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, se hicieron tres copias. Dos de esas copias fueron enviadas a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirigía Pino, y al comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos. Una revelación que llevó al juez a citar a declarar mañana como testigos a Pino y a Martín Blas.

El Gobierno insiste en que no tiene intención del más mínimo cambio general en la política penitenciaria. "Lo que se viene denominando política de dispersión de internos terroristas es consecuencia directa de la aplicación de la legislación vigente", deja claro Interior.

Dispersión

El Ejecutivo defiende la dispersión, pero con una justificación innovadora. Ya no arguye que sea para debilitar a la banda, sino por motivos organizativos internos, valorando la "peligrosidad" de cada uno de los presos de ETA y su mejor tratamiento. "El estudio de las variables que intervienen en la clasificación penitenciaria comporta que se determine el diagnóstico de la peligrosidad de cada recluso con la asignación del grado de clasificación correspondiente y con ello la asignación de un programa de tratamiento individualizado tendente a su inserción social", señala el texto. "Esto conlleva que cada penado sea destinado a un centro penitenciario", apostilla.

La respuesta añade que el fin del aislamiento de los miembros de ETA solo pasa por ellos mismos. "Entre las variables" que Instituciones Penitenciarias puede "valorar" está que se aprecien "signos inequívocos" de "haberse sustraído a la disciplina interna de la organización terrorista de que se trate" y "la petición de perdón a las víctimas y la asunción del pago de los daños causados".

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