«Soy objeto de una investigación política», declara Ábalos en busca de anular la causa

Una actividad ilegal, denunció, que ha estado «amparada» por el fiscal del caso, Luis Pastor, quien fuera asesor de los gobiernos de José María Aznar en los ministerios de Justicia y Exteriores. El mismo que negoció la «declaración pactada» del pasado 21 de noviembre con Víctor de Aldama, «nexo corruptor» de la trama según la UCO, «para ir contra el Gobierno y contra él», prosiguió el exministro, a cambio de salir de prisión por otro procedimiento diferente: un fraude de IVA de 182 millones de euros en la causa de los hidrocarburos.   

«He sido objeto de una investigación política siendo aforado», se quejó amargamente Ábalos ante el instructor Leopoldo Puente, según relataron fuentes jurídicas presentes en la declaración. Para ello, puso como ejemplo varios episodios contenidos en los informes de la UCO. El del 8 de octubre, sin ir más lejos, fue el germen de su imputación en el alto tribunal por su «papel principal» en la presunta trama de comisiones por la venta de mascarillas a través de contratos públicos, valorados en 54 millones, que fueron adjudicados en plena pandemia. Unos hechos por los que el juez le atribuye indiciariamente pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho.

Ábalos puso en conocimiento del magistrado un informe policial de diciembre de 2023 para acreditar su versión de la supuesta investigación ilegal de la UCO «amparada» por el fiscal Pastor. Se refirió a unos hechos del 2 de noviembre anterior, en plena investigación secreta del caso. Los agentes, por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, detectaron durante un seguimiento a Koldo García que éste mantenía reuniones con varios cargos de Transportes dos años después de haber abandonado el ministerio, donde asesoraba a Ábalos.

El 3 de noviembre a las 9:19 horas se interceptó una conversación entre Koldo y su hermano Joseba, en la que el primero solicitó que llevase «unos papeles que le habían dado para José». Y al día siguiente la UCO constató, tras realizar seguimientos a ambos, que se trataba de Ábalos. Luego desplegaron un operativo que logró interceptar la documentación que Koldo y Joseba acabaron entregando al exministro. Se trataba de un sobre que, según declaró este jueves éste, los agentes habrían abierto ilegalmente pese a que al remitente le protegía el aforamiento como diputado. Es decir, era necesario el suplicatorio al Congreso si tenía entonces indicios delictivos contra él.

Los papeles estaban relacionados con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión, la empresa clave de la trama. Incluso existe una foto de Joseba García entrando en el domicilio del diputado para entregarle en mano este sobre, explicó este jueves Ábalos. Por lo tanto, acusó, los agentes actuaron fuera de la ley contra un aforado.

La puesta en conocimiento de este asunto dejó entrever que la estrategia procesal del exministro versará a futuro en la búsqueda de la nulidad de la causa abierta contra él por la posible vulneración de sus derechos. Una línea de defensa a la que ayer sumó otros dos titulares: negó que recibiera comisiones por la adjudicación de contratos sanitarios y de obras públicas como declaró De Aldama. «No he cobrado ni un solo euro por contraprestaciones», aseguró Ábalos. Y, en segundo lugar, atribuyó a Koldo García la responsabilidad de cualquier irregularidad en relación con su vínculo con el conseguidor y su influencia en el Ministerio de Transportes bajo su dirección.

Fue él quien introdujo al empresario en su círculo –vino a reiterar Ábalos–, quien dijo que Koldo mantenía la relación con el supuesto cabecilla de la trama y quien abrió las puertas de las administraciones socialistas al empresario para vender material sanitario. En esa línea, adujo que «desconocía la actividad» real de su asesor y que éste no le informó de sus relaciones con De Aldama y mucho menos de las supuestas mordidas por aquellos contratos que se hicieron bajo la «urgencia y necesidad» de la crisis sanitaria de 2020.

En este punto, Ábalos hizo una reflexión sobre lo que considera otro error de la UCO y la componenda política de su investigación. Afirmó al juez que la unidad policial confundió en el origen de la causa la diferencia entre un contrato de emergencia y otro de urgencia. El primer modelo, que fue el utilizado al amparo de una orden del Gobierno por la excepcionalidad de la pandemia, permite a la Administración negociar directamente con el proveedor antes de implementar el contrato; mientras que el segundo formato, que fue el denunciado por la UCO por las presuntas irregularidades, requiere un trámite previo. Además, recordó Ábalos, el Tribunal de Cuentas en su informe de octubre de 2022 no puso objeciones a los contratos bajo sospecha.

Para asentar su tesis, el que fuera secretario de Organización del PSOE se comprometió a entregar al juez un informe pericial que contradice la auditoría encargada por el actual ministro del ramo, Óscar Puente, relativa a los acuerdos con Soluciones de Gestión. Además, también aportará papeles para tratar de acreditar que pagó de su bolsillo el alquiler de un chalé en Cádiz, perteneciente a la trama y que la UCO sostiene que disfrutó gratis en el verano de 2021 como pago de los favores que realizaba para la red.

En este sentido, negó también haber tenido nada que ver con las obras que, según al documentación del comisionista, se pre-adjudicaron a una batería de empresas comprometidas a pagarle mordidas. «No intervine en ningún proceso», subrayó, porque estas obras han de estar justificadas por los técnicos y la última firma es del secretario de Estado del ramo. En todo caso, las anotaciones al pie de ese papel «no son mías», aseguró.