Absuelto el periodista juzgado por acosar a los hijos de Montero e Iglesias

El titular del Juzgado de lo Penal número 30, en una sentencia de 11 páginas que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, explica que aunque la conducta del acusado «generase una inquietud muy relevante tanto a la cuidadora como a los padres de los menores, no se dan las circunstancias para condenarle por acoso«, tal y como reclamaba la Fiscalía y la acusación particular. Las partes pedían uno y dos años de prisión, respectivamente, una orden de alejamiento temporal y multa.

La vista oral se celebró el pasado miércoles y en una semana el juez David Mamán ha despachado la disputa judicial en seis folios de fundamentos jurídicos. Pese a los testimonios de la cuidadora, de los escoltas de la pareja o de los propios padres, que confirmaron el «hostigamiento» y la sensación de «persecución» del periodista del digital de Eduardo Inda, la sentencia no ve suficientes estos hechos para castigar al acusado. Tampoco estima que los denunciantes tuvieron que cambiar «varias veces» de rutina por seguridad debido a la reiterada presencia del periodista.

La resolución explica que a pesar del «notable esfuerzo» efectuado en el plenario tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular para demostrar lo contrario, «no se da la existencia de hostigamiento típico, aunque los hechos mismos generasen una inquietud muy relevante tanto a la cuidadora como a los padres de los menores».

En relación a estos últimos, prosigue, «se puede entender perfectamente que estos se sintieran alarmados por la presencia del periodista, porque este podía desvelar datos como es la localización de la guardería de sus hijos, que podía afectar a la tranquilidad y a la seguridad de ambos».

Sin embargo, concluye, «esta alarma que provocó ciertamente alteración en su estado de ánimo y que les indujo a reforzar la protección a nivel policial para prevenir la seguridad de los menores, no tuvo su origen tanto en lo que hizo el periodista acusado, actos de muy poca entidad y que no excedieron en la ejecución de su labor, sino en su consideración de intruso».

Esto es, de una persona que había accedido al edificio donde se encontraba la guardería, «rompiendo con ello la confidencialidad en los datos de localización de los hijos de los querellantes, que se quería preservar a toda costa». Los hechos tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 2019 en Galapagar (Madrid), localidad donde reside la familia Iglesias-Montero, quienes ya han anunciado recurso ante la Audiencia de Madrid.