Cómo ha llegado Vox a ser acusación en el juicio del 'procés'

Pero, ¿cómo ha llegado Vox hasta aquí? ¿Por qué es la única acusación popular de la causa del 'procés'? La respuesta es muy sencilla: Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los partidos políticos ejercer (de momento) la acusación popular, y oportunismo, al ser el primero en presentar su petición en los tribunales.

Tras recaudar en siete horas los 20.000 euros a través de 'crowdfunding' (micromecenazgo) gracias a la impronta del partido en redes sociales, según explicaron entonces sus responsables, Vox fue admitido en el procedimiento que abrió el TSJC tras la querella presentada por la Fiscalía Superior catalana en septiembre de 2017. Una actuación dirigida contra la Mesa del Parlament -presidida entonces por Carme Forcadell- por la aprobación de las leyes de «desconexión» en la Cámara catalana.

La juez del TSJC María Eugenia Alegret, instructora de la querella, consideró que los 20.000 euros era una cantidad «proporcionada», apoyándose en que se trata de una causa de «trascendencia política» y teniendo en cuenta que quien se persona es un partido. En aquella providencia advirtió, no obstante, a Vox de que debía cumplir con lo que establece el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que recoge que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral- «bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad judicial» si ocurriera lo contrario.

El partido de Abascal cumplió con la providencia y cuando el Tribunal Supremo abrió la causa general del 'procés' tras una nueva querella de la Fiscalía, esta vez por un delito de rebelión por el 1-O y la aprobación de la DUI, Vox pidió personarse y el alto tribunal lo admitió por arrastre del tribunal superior catalán, donde ya ejercía la acusación Vox. Así lo explicó el juez instructor Pablo Llarena en un auto.

Un año después, los abogados de algunos procesados reclamaron expulsar a la formación, pero el Supremo lo rechazó dado que, aunque no es partidario de «trasladar al proceso penal la contienda política», la legislación vigente autoriza a partidos a ejercer la acusación popular.

Precisamente, dicha legislación podría variar en los próximos meses porque una normativa europea obligará a unificar los criterios para ejercer la acusación popular. No pocos magistrados del Supremo y fiscales, en autos o en público, o las asociaciones judiciales ya se han pronunciado a favor de restringir la presencia de partidos políticos o de sindicatos como acusadores en un procedimiento penal. La razón es sencilla, evitar la politización de la Justicia o la judicialización de la política.