La agenda de reformas para un Gobierno en minoría

El nuevo Ejecutivo se ha comprometido a derogar algunos aspectos de la reforma que acometió el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis económica y que permitió una mayor flexibilidad en el mercado laboral, facilitando el recorte de los salarios y abaratando el despido. La intención del futuro gabinete es elaborar un nuevo Estatuto de los trabajadores, «simplificar y reordenar» las modalidades de contrato, la causalidad de los despidos, devolver la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresa, así como evitar la posibilidad de que las empresas despidan a los empleados por absentismo laboral causado por bajas por enfermedad.

El PSOE quiere derogar la reforma de las pensiones que impulsó el PP en 2013 para poner fin a la revalorización anual del 0,25% y volver a vincular las prestaciones al IPC. Se propone fulminar, además, el factor de sostenibilidad que liga el cálculo a la esperanza de vida, lo que supondría un recorte de la cuantía. Esta es una de las tareas cruciales para el Gobierno, que también se ha comprometido a un aumento del poder adquisitivo tanto de las mínimas como de las no contributivas. Sánchez tuvo que asumir críticas en diciembre por supeditar la actualización de este año a que hubiera Gobierno. Moncloa señaló entonces que la revalorización era una «prioridad».

Afrontar la emergencia climática se ha convertido en una de las prioridades del nuevo Gobierno, que buscará los apoyos parlamentarios para aprobar una ley de cambio climático y transición energética, pendiente desde principios de esta década. La norma, que el PSOE ya intentó sacar adelante la pasada legislatura, incluirá el objetivo de que en el 2050 el 100% de la generación eléctrica deberá ser de origen renovable (ahora ronda el 40%). Un objetivo que entronca, además, con la meta de la neutralidad de emisiones para mediados de siglo que se ha fijado la Unión Europea recientemente.

En la hoja de ruta del Ejecutivo se incluye también sacar adelante una nueva ley de seguridad ciudadana para acabar con la bautizada como 'ley mordaza': «Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista» y «garantizará el ejercicio del derecho de la libertad de expresión y reunión pacífica». En particular, la nueva norma regulará la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes policiales. Además, derogará el artículo 315.3 del Código Penal, que prevé multas o penas de prisión para quienes coaccionen a otros para iniciar o continuar una huelga.

Entre las prioridades del nuevo Gobierno está recuperar por tercera vez uno de los debates con más impacto social, la ley de eutanasia, que tanto el PSOE como Podemos llevaban en sus respectivos programas electorales. La intención de Sánchez y de su gabinete es dar «una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida». La futura norma pretende, además, incluir la eutanasia como una prestación dentro del Sistema Nacional de Salud.

Las dificultades de Sánchez para formar Gobierno y la amenaza de una repetición electoral tras cada cita con las urnas podrían quedar en un mal sueño. Los socialistas se proponen impulsar un pacto de Estado para evitar futuros bloqueos por la incapacidad de llegar a acuerdos que pasaría por la reforma del artículo 99 de la Constitución, el que regula el proceso de investidura. El PP ya ofreció al líder del PSOE modificar la ley electoral para establecer una prima de escaños al partido ganador, aunque está abierto a pactar otra fórmula siempre que no implique tocar la Carta Magna. Podemos planteó sustituir la Ley d'Hondt por otro modelo de asignación de restos, el Sainte-Laguë, que reduce las desviaciones que a su juicio provoca el sistema actual, mientras que Ciudadanos apuesta por exigir a los partidos un mínimo del 3% del voto nacional para entrar en el Congreso.

El Gobierno de coalición también buscará esta legislatura dar un impulso a una de las regulaciones más ambiciosas y que, en la pasada, se quedó en el tintero: la derogación de la Lomce y la aprobación de una nueva ley educativa. La norma «blindará» la educación pública, reforzará la formación en valores, potenciará la educación afectivo-sexual y «eliminará» la segregación escolar por origen, necesidades educativas o sexo.

Otra prioridad para el Ejecutivo es modificar la ley de justicia universal, que fue acotada por el PP en 2014 para que solo se pudiesen investigar los crímenes graves cometidos fuera de nuestras fronteras si la víctima es un español o un extranjero que resida o se encuentre en España.