Las tormentas son para el verano

En realidad Montero vino a solemnizar lo obvio después de un mes de deliberado silencio. El pacto catalán no es estrictamente un concierto económico foral, aunque se le parece, a excepción de la metodología en el cálculo de la aportación de la solidaridad que viene a ser la 'madre del cordero' en esta batalla semántica que tiene un gran calado político si se escarba más allá de los titulares más llamativos. La clave es si este modelo es realmente exportable a otras comunidades o si introduce un planteamiento confederal práctico en la estructura del Estado que exigiría a la larga un cambio en la Constitución para que fuera viable.

En este contexto hay que interpretar que las palabras de Montero intentaban, sobre todo, apaciguar las inquietudes de dirigentes de algunas federaciones territoriales del PSOE, que necesitan un argumentario claro y pedagógico sobre una mutación tan relevante que afecta a la cohesión territorial. El problema no es tanto la legitimidad de un diseño de financiación diferente. Este llegará tarde o temprano por la inviabilidad del actual, sino que la novedad responde a una serie de necesidades coyunturales -gobernar en España y en Cataluña- que dejan lo que debería ser una cuestión estructural al socaire del juego de mayorías.

Muy posiblemente Montero va a tener que concretar y desarrollar su plan de conjunto para transformar el régimen común si no quiere que el debate se enquiste dentro del PSOE, en donde pese a que Pedro Sánchez no tiene contestación interna, la bandera de la igualdad toca una fibra sensible y en la que el reto es buscar un equilibrio entre la España de la diversidad y la solidaridad entre comunidades, con los mismos derechos de todos.

Cascarón adolescente

Las advertencias de Esquerra, dejando ver que dejaría caer al Gobierno central si el acuerdo no se cumple, no dejan de ser un lógico aviso para navegantes que aún tiene un recorrido pendiente antes de llegar a esa última estación. Primero, porque el pacto necesita de entrada un cambio en la Lofca para el que se sigue sin alumbrar una mayoría. El compromiso, además, no es inmediato, prevé un despliegue paulatino en el tiempo que comenzará en 2025 con la recaudación del IRPF. Falta aún tiempo pues para que se demuestre la viabilidad del modelo.

Otra cuestión es que los republicanos tienen un flanco muy vulnerable hacia Junts en su propio electorado y siguen anclados en una sobreactuación por complejo. Mientras el soberanismo catalán sea incapaz de romper ese cascarón adolescente que le sitúa en el tarro de las esencias, la legislatura seguirá navegando sobre aguas turbulentas.

En todo caso, tampoco Junts y ERC tienen incentivos políticos para que caiga el Gobierno en el corto plazo. La aplicación de la ley de amnistía sigue siendo una asignatura pendiente muy espinosa hasta que el Constitucional dé la última palabra. Y los soberanistas catalanes jamás van a encontrar una coyuntura tan propicia para el debate territorial de España, con conceptos como la plurinacionalidad encima de la mesa, con una fuerte dimensión simbólica que debería venir acompañada de una discusión seria y racional sobre la eficacia del Estado autonómico en la prestación de servicios públicos.

Que este horizonte no responda a las expectativas planteadas por el independentismo de fijar el referéndum de autodeterminación como el talismán mágico contra todos los males no le quita potencialidad a la vía del diálogo. A pesar de las contradicciones.