Aldama promete pruebas «en breve» de las mordidas para cumplir con Anticorrupción

«Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho». La frase de Víctor de Aldama a las puertas de la cárcel de Soto de Real la noche del jueves no es solo un aviso -que sonó a amenaza- al presidente del Gobierno. Esas palabras responden también a una promesa firme que el empresario -que se juega volver a prisión en un corto espacio de tiempo- ha hecho a Anticorrupción dentro del «pacto global» para tirar de la manta en los dos sumarios en los que está imputado en la Audiencia Nacional ('caso Koldo' y 'caso hidrocarburos'): apoyar su confesión con «pruebas fehacientes» que sirvan a Anticorrupción para avanzar en las pesquisas y, llegado el caso, coadyuvar a formular nuevas imputaciones. Ayer, tras dormir en libertad, el conseguidor insistió: «Que el presidente siga diciendo lo que quiera decir».

Los muñidores del 'convenio' (José Antonio Choclán, el letrado del encausado y especialista en pactos y acuerdos de conformidad, y el fiscal Luis Pastor, otro veterano en ententes con los acusados) dejaron claras las tres fases de este trato que permitió que De Aldama abandonara la cárcel 40 días después de que Santiago Pedraz le enviara a prisión y solo ocho horas después de tirar de la manta.

Según fuentes del caso, la primera, ya cumplida parcialmente, es declarar ante Ismael Moreno tantas veces como sea necesario para desentrañar toda la 'trama corrupta', con base en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, pero que apunta que pudo extenderse mucho más allá.

La segunda, declarar también de forma voluntaria ante Pedraz en el 'caso hidrocarburos', donde está acusado de unos delitos tan graves como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude que superaría los 182 millones de euros. También tendría que ayudar a las arcas públicas a recuperar ese dinero.

Y la tercera, entregar pruebas que respalden todas las acusaciones que realice en sus confesiones, particularmente sobre el cobro de comisiones. En este último punto, solo durante las dos horas y media que duró su declaración ante Ismael Moreno, el conseguidor imputó haber cobrado o pedido sobornos al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (15.000 euros pagados en un bar frente a Ferraz); al expresidente canario y actual ministro Ángel Víctor Torres (reclamó presuntamente 50.000 euros pero no se los dio); a Ábalos (250.000 euros); y a Koldo García (100.000). El entorno del empresario dice que entregará los documentos sobre las mordidas en cuanto los «recopile y los ordene», incluida la parte más sensible y que no se desarrolló en el interrogatorio, la de «los cupos».

«Ya se explicará»

De Aldama insinuó que ese dinero que pidió Cerdán y se le pagó habría sido parte de una supuesta financiación ilegal del PSOE a través de «cupo». Afirmó que fue para «contentarle» porque «se lío muy grande» cuando la trama fue a una «licitación de una constructora», orillando el «cupo vasco». El fiscal, sabedor de la complejidad del melón que se abría, ya avisó al juez en la sesión del jueves que «lo de los cupos ya se explicará, si le parece, en otra ocasión».

El acuerdo entre Pastor y Choclán no establece un tiempo límite para entregar las pruebas, pero el plazo, advierten desde el Ministerio Público, es «breve». El fiscal Anticorrupción, que es acusación pública en los dos sumarios, se ha dejado «pelos en la gatera» para conseguir este acuerdo, sobre todo, forzando a Pedraz a dejar en libertad a De Aldama. Y es que el juez, por dos veces en el último mes y medio había rechazado poner al empresario en libertad por el elevado riesgo de fuga. Una decisión que el 15 de noviembre había sido ratificada sin problemas por la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Tanto el instructor como la sala se habían negado en redondo porque los investigadores han identificado hasta la fecha transferencias al exterior por importe de 73.902.852 euros a Portugal, Colombia y China.

El Gobierno, mientras tanto, insiste en privar de la más mínima credibilidad a De Aldama. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hizo suya la comparación con 'el pequeño Nicolás'. «Estamos ante una persona sin credibilidad que es capaz de afirmar que colaboraba con la CIA, con el MI-6», ridiculizó.

El PSOE, por su parte, presentó ayer en los juzgados una demanda de conciliación previa a la formalización de una querella criminal por injurias y calumnias contra De Aldama. Los socialistas deslizan en su escrito la sospecha de que sus acusaciones tienen «una finalidad política». La demanda ha sido planteada en representación del partido y de los afectados por las declaraciones del conseguidor: el presidente Sánchez, su mujer, Begoña Gómez; la vicepresidenta María Jesús Montero y su jefe de gabinete, Carlos Moreno; el ministro Ángel Víctor Torres, el exministro y hoy jefe de la Generalitat, Salvador Illa, y Santos Cerdán.

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