Anonymous burló la última tecnología del CNI en su ciberataque a Marchena

Los especialistas de las fuerzas de seguridad que trabajan en este caso han explicado que el CNI y su departamento especializado en ciberseguridad, el Centro Criptológico Nacional (CNN) fueron los encargados de diseñar las barreras que debían haber protegido al Ministerio de Justicia de los ataques de los piratas informáticos.

El Gobierno en junio del año pasado decidió dejar en manos exclusivamente del CNI las comunicaciones y sistemas de protección informática de los 18.000 usuarios del Ministerio de Justicia (entre ellos los 5.500 jueces españoles) tras el escándalo que supuso en julio de 2017 que una falla en el sistema de notificaciones judiciales Lexnet permitiera a cualquier usuario de ese canal consultar informaciones confidenciales de las causas judiciales en marcha.

El Ministerio de Justicia, según el convenio que cerró hace más de un año con el CNI, va a pagar entre 2018 y 2020 tres millones de euros (83,33 euros por usuario de Justicia y año) a los servicios secretos por los sistemas supuestamente inexpugnables que hace un mes violaron los hackers independentistas, que, de acuerdo con los analistas, habrían podido acceder a los correos corporativos de todos y cada uno de los 18.000 usuarios de la red del Ministerio de Justicia.

Según explican fuentes del caso, el CNI en los últimos meses y habida cuenta del coste del convenio, se había volcado en el proyecto con su última tecnología y un «importante despliegue de medios humanos», hasta el punto de que los servicios secretos pusieron en marcha una oficina propia de seguridad en el ministerio «encargada de la gestión y operación de sistemas, servicio y redes» de Justicia.

De acuerdo con la documentación oficial, la prioridad del CNI, que incluso elaboró un «plan director de seguridad» para el departamento, debía ser «incrementar los niveles de de seguridad», particularmente con nuevos «medios de cifra», que son los que Anonymous Catalonia reventó sin problemas el pasado junio, según reconocen los actores implicados.

Hace tres semanas, los ciberactivistas denunciaron que las claves de los jueces del 'procés', como las del resto de los miembros de la judicatura, están en una base de datos de más de 9.000 millones de códigos, «que fue filtrada en su día y que es accesible para cualquiera».

Anonymous Catalonia, tras el anuncio del CNI de que había reforzado la seguridad de las cuentas oficiales, volvió a publicar pantallazos de buzones de entrada actualizados de jueces. «El problema no es que la seguridad de cualquier persona sea pésima, sino la de estas personas, que son altos cargos españoles, y que el CNI vaya diciendo que todo está arreglado cuando no es el caso. 'Thats the problema'» (sic), denunciaron entonces los piratas.

Según fuentes de la seguridad del Estado, el CNI todavía desconoce qué información sustrajeron los hackers de los buzones de esos jueces y fiscales del 'procés'. Anonymous no reveló qué datos del buzón de Marchena había consultado, aunque dio a entender que había analizado sus comunicaciones porque reconoció que no había encontrado ningún borrador sobre la sentencia del «procés».