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Anticorrupción ha abierto diligencias a Vox por presunta financiación ilegal. La apertura de este procedimiento se produce tras una denuncia el pasado 13 de diciembre ... por parte del PSOE, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que se acusaba al partido que lidera Santiago Abascal de haberse embolsado 4.650.243 euros de forma irregular y opaca con campañas de recaudación callejeras y de recibir fondos de una entidad bancaria extranjera participada por el Gobierno húngaro. Ese escrito de los socialista pasó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado para su estudio, que ha sido la que le ha dado credibilidad y lo ha remitido a Anticorrupción, que ha decidido, a su vez, que hay materia para abrir una investigación «reservada» con el apoyo expreso del jefe de esta unidad, Alejandro Luzón.
Antes de que los socialistas oficializaran esa denuncia, el partido ya había admitido en septiembre haber recibido 9,2 millones de euros del banco húngaro Magyar Bankholding (MBH), el segundo del país, y que es propiedad de Lörinc Mészáros, un colaborador muy cercano y amigo íntimo del primer ministro, Viktor Orbán, ahora socio de Vox en el Parlamento Europeo. La denuncia ahora cuestiona un crédito de 6,5 millones de euros obtenido por el banco húngaro en 2023.
La denuncia del PSOE, de 50 páginas, incidía en que Vox se venía financiando desde al menos 2020 a través de «una serie de elementos de captación de ingresos económicos» como «huchas o cajas de caudales» en las mesas informativas que sitúa en la calle, cuya contabilidad se desconoce por completo. Este sistema, siempre según la denuncia, se completaba con venta de productos de merchandising en los puestos de información callejeros, que servían para «captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco».
La denuncia de los socialistas incluía varias fotografías publicadas por el propio partido en sus redes sociales con mesas y puestos callejeros en los que se exponía ese merchandising de Vox a la venta y con las huchas ahora puestas en cuestión. Unas prácticas que se podrían haber extendido entre 2017 y 2023 y que para el PSOE son una «clara evidencia del masivo y sistémico actuar de la formación a nivel nacional».
En resumen, una práctica «absolutamente irregular» a juicio del PSOE que podría haber recaudado más de 4,5 millones y que se suman a la ausencia de contabilidad en la que deberían de registrarse «las donaciones anónimas y las ventas promocionales». El PSOE cree que en realidad todo este entramado encumbre un sistema de «donaciones ilegales encubiertas».
«Se trata de una forma de financiación sistemática, organizada, generalizada y continuada en el tiempo, que comienza, al menos, en el año 2017 y se ha mantenido a lo largo de los años hasta la actualidad que han supuesto para la formación política unos altísimos ingresos», abundaba la querella socialista, que especificaba que los beneficios presuntamente ilícitos obtenidos por Vox hasta alcanzar los más de 4,5 millones habían sido 2.828.657 euros en donaciones y 1.821.577 euros en «supuestas actividades promocionales».
Parte de este denuncia se basa en el informe del Tribunal del Cuentas, que dudaba del origen de 1,8 millones de euros de donaciones, y por el que el partido ya fue multado con 233.000 euros.
En su momento, cuando se conoció la denuncia, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, restó importancia a esta querella y la enmarcó dentro de una maniobra del PSOE, que «necesita desviar la atención de sus casos de corrupción». «El PSOE y el Gobierno están cercados por la corrupción», señaló Millán, quien también aseguró que no les preocupaba «en absoluto», y dijo que el Tribunal de Cuentas tenía toda la información.
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