Arrecia la presión del PSOE y los socios sobre Sánchez para cambiar la ley del 'solo sí es sí'

La posición de los socios en las cuestiones de política económica y social era más o menos monolítica. Con Grande-Marlaska, en cambio, el principal partido del Gobierno se quedó solo. Y tanto el debate sobre la malversación como la polémica suscitada por las primeras rebajas de penas decididas por los jueces en aplicación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual han abierto grietas en el propio PSOE, dentro de Unidas Podemos y con los principales aliados del bloque de investidura, que ya se han desmarcado de la negativa rotunda de la ministra de Igualdad, Irene Montero, respaldada después por Sánchez, a cambiar la ley.

Ni siquiera las formaciones que comparten con Montero y su partido que el problema no es la ley sino un sistema judicial corroído por el machismo y el conservadurismo, como ERC o Bildu, respaldan el empecinamiento en no corregir un texto legal del que es responsable todo el Ejecutivo pero también la mayor parte del Parlamento, ya que salió adelante con 202 votos a favor y solo el PP y Vox en contra. Las dos formaciones independentistas – los republicanos con más razón porque en su día presentaron dos enmiendas que no prosperaron con el objetivo de evitar reducciones de penas como las que se están produciendo– se mostraron partidarios de revisar la norma.

«Si hay juristas de prestigio que señalan que puede haber fisuras que permitan que la dignidad de las mujeres, por la que el feminismo ha peleado, no puede salvaguardarse, que se mejore», planteó ayer el portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, pese a denunciar una «campaña bien orquestada de la derecha, con resortes mediáticos y judiciales». La diputada de Esquerra en la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, Pilar Vallugera, había marcado una senda similar la víspera. «Todas las que nos dedicamos a diferentes disidencias sabemos que al final lo que prevalece no es la cultura política de los jueces, sino la incultura antidemocrática de los jueces», llegó a decir para, a continuación, ofrecer su apoyo a los socialistas en caso de que planteen una reforma muy concreta ante la Cámara.

Sin «batalla ideológica»

Junts también se mostró favorable a revisar la ley. Y el PNV. Solo que, en su caso, además, no hubo la más mínima comprensión hacia la actitud de la ministra de Igualdad. El portavoz parlamentario del partido, Aitor Esteban, le recomendó un poco más de moderación en sus declaraciones y no convertir todo en una especie de batalla ideológica». Lo mismo que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que como el día anterior el propio Sánchez o la ministra de Defensa, se preocupó de dejar claro que no comparte esta estrategia de su socio de coalición. «Hay que mantener siempre el respeto absoluto a la acción de los jueces», dijo.

Rodríguez se atuvo, sin embargo, a la línea marcada por el jefe del Ejecutivo el miércoles desde Bali y en lugar de abundar en la necesidad de analizar en profundidad si es preciso hacer ajustes legislativos defendió esperar a que los tribunales y la Fiscalía «unifiquen doctrina». Pero esa postura, que implica esperar un tiempo indeterminado sin tener la más mínima garantía de que vaya a obtener los resultados deseados (que no se consolide un efecto que no era el buscado por el legislador), genera un claro nerviosismo en el PSOE.

A la primera señal de alerta lanzada el martes por la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, y secundada el miércoles por la portavoz de la ejecutiva, Pilar Alegría, se sumaron este jueves un buen número de barones, que el próximo mes de mayo se enfrentan a las elecciones. Esta vez, los avisos no vinieron de críticos habituales como Emiliano García-Page y Javier Lambán ni de dirigentes algo distanciados como Ximo Puig, que también, sino líderes territoriales siempre fieles a Sánchez como el asturiano Adrián Barbón, que declaró: «Cuando de la aplicación de una norma jurídica se producen efectos no queridos e indeseables, hay que corregirlo».

Irene Montero está así cada vez más sola con su partido, aunque el jefe del Ejecutivo le echara un capote en defensa de un texto legal que no es solo atribuible al Ministerio de Igualdad. La vicepresidenta Yolanda Díaz, con la que lleva múltiples desencuentros, tampoco le ha sacado la cara y no es ya que el PP –que apunta a la responsabilidad de Sánchez– y asociaciones de jueces como la conservadora APM o el Foro Judicial Independiente hayan exigido una dimisión que difícilmente se producirá. También la progresista Jueces y Juezas por la Democracia insistió este jueves en censurar su comportamiento y la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, le advirtió en un acto en el que ambas participaron en el Senado sobre la «sensibilidad» y «profesionalidad» de sus colegas.