La Audiencia Nacional zanja que hubo financiación «delictiva» en el PP de Camps

En la sentencia de hoy, la Audiencia Nacional condena a Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, a cuatro años de cárcel. Costa, en el juicio sobre las actividades en Valencia de Gürtel, se convirtió en el primer político del PP en reconocer la financiación irregular.

La pena impuesta al líder de la trama, Francisco Correa, es de 5 años y 3 meses, a su mano derecha, Pablo Crespo, de 5 años de cárcel, y a Álvaro Pérez ('El bigotes'), de 6 años y 9 meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa. A Correa se le reconoce además la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.

En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los a acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública. Las penas van desde los 4 meses de cárcel a los 6 años y 9 meses para 18 de los 20 acusados, al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008.

Además de Costa, entre la excúpula del PPCV en la época de los hechos, la ex gerente Cristina Ibañez resulta condenada a 3 años y 4 meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, a 3 años y 8 meses, y la extesorera Yolanda García, a 4 meses. Por contra, el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla ha sido absuelto.

La sentencia da credibilidad a la confesión de Costa, hasta el punto de considerar que «esta declaración de Costa, corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del PP Comunidad Valenciana tanto como que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito».

El fallo explica que «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros».

Afirma la sentencia que para desarrollar el plan de campaña, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios, infringiendo la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas. «Quienes abonaron a Orange Market SL parte de esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato con las Administraciones Públicas no podían hacer donaciones al Partido Popular. Por ese motivo, los pagos que hicieron a Orange Market SL. de la deuda con dicha sociedad que tenía el partido político por su trabajo en Valencia, se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado Orange Market SL a aquellas, pero que realmente no se había producido», explica el fallo de la Audiencia.

La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market SL y por el PPCV por la organización de actos con motivo de los procesos electorales de 2007 y 2008, «sin embargo- señala el juez- fue muy superior el servicio que encargó y recibió de Orange Market SL». En concreto, la sentencia cifra en 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las autonómicas de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros por los servicios prestados por Orange Market SL y que tampoco fueron objeto de facturación y contabilización.

La sentencia detalla las actuaciones de los empresarios condenados que, en connivencia con los acusados vinculados al PPCV y a los responsables de Orange Market, financiaron una parte del gasto comprometido por los cargos políticos acusados. Asumieron el pago que dicha formación política debía a la mercantil, haciéndolos aparecer como si fueran servicios prestados por Orange. Esta mercantil les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados. Además del papel de los cargos políticos, empresarios y responsables del Grupo Correa, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en «B».

La sentencia ha tenido en cuenta para rebajar las penas a los 9 empresarios acusados que antes del juicio reconocieron y consignaron las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias. Por las mismas razones se aplica también atenuante a Francisco Correa que en su caso, además, depositó 2.060 748 euros, el importe en el que se cuantificaba lo que Orange Market había defraudado a Hacienda.

-Francisco Correa- Empresario y cerebro de la trama, ha sido condenado a 5 años y tres meses de prisión por tres delitos electorales (elecciones locales y automómicas de 2007 y generales de 2008) continuado de falsedad y tres delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos con la atenuante de reparación del daño. La Fiscalía había pedido para él 7 años y 3 meses tras su colaboración durante el juicio, porque la petición inicial contra él era de 22 años.

-Ricardo Costa - Exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana es condenado a 4 años de cárcel por tres delitos electorales y uno continuado de falsedad, con atenuante de confesión. La Fiscalía pedía para él 4 años y tres meses de cárcel tras celebrarse el juicio.

-Pablo Crespo- Número dos de Correa y exresponsable del PP en Galicia. Ha sido condenado a 5 años de prisión por los mismos delitos electorales que Correa, continuado de falsedad y tres delitos contra la Hacienda Pública, también con el atenuante de confesión. La Fiscalía pidió para él 13 años y medio de cárcel.

-Álvaro Pérez 'el Bigotes'- socio de Correa en Orange Market, es condenado a 6 años y 9 meses de cárcel por los mismos tres delitos electorales, uno continuado de falsedad, y cinco delitos contra la Hacienda pública, aplicándose la atenuante de confesión o colaboración activa a los dos primeros. La Fiscalía había pedido para él 16 años y medio de prisión.

-Cándido Pérez, gerente de la empresa de Correa es condenado a 5 años y 1 mes de cárcel por tres delitos electorales, uno continuado de falsedad y tres delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía había pedido para él 16 años 9 meses.

-Cristina Ibáñez, exgerente del PP Valenciano es condenada a 3 años y 8 meses de prisión también por tres delitos electorales y otro continuado de falsedad. Anticorrupción solicitaba para ella siete años y medio.

-David Serra, exvicesecretario de organización del PP en Valencia es condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por tres delitos electorales y otro delito continuado de falsedad. La Fiscalía pidió para él siete años y medio de prisión.

-Yolanda García, extesorera del PP valenciano y exdiputada de las Corts ha sido condenada con 4 meses de prisión como cómplice de un delito electoral relativo a las elecciones generales de 2008. La Fiscalía pedía para ella cinco meses de cárcel.

-José Ramón Blanco Balín, cerebro financiero de la red corrupta, ha sido condenado a 3 años de cárcel por tres delitos contra la hacienda pública de los años 2006 y 2007. La Fiscalía pedía para él 15 años de cárcel.

-Vicente Cotino, empresario y sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

-Enrique Gimeno, empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituye por una multa total de 154.500 euros por tres delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

-Antonio Pons, empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituye por multa total de 154.500 euros por tres delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

-Alejandro Pons, empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituye por multa total de 154.500 euros euros por tres delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

-Tomás Martínez Berna, empresario, es condenado a 1 años y 6 meses de cárcel que se sustituye por una multa total de 132.000 euros por dos delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

-Rafael Martínez Berna, empresario, es condenado a 1 año y seis meses de cárcel que se sustituyen por una multa total de 132.000 euros por dos delitos electorales y uno continuado de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

-Enrique Ortiz, empresario, es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel por un delito electoral y otro continuado de falsedad que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

-José Francisco Beviá, empresario, es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel por un delito electoral y otro continuado de falsedad que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

-Gabriel Alberto Batalla, empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituyen por multa de 154.500 euros por tres delitos electorales y uno continuado de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.