La Audiencia Nacional dirime la entrega a Marruecos de un destacado traficante de personas

El Juzgado Central de la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza. Pero solo un mes después la Embajada de Marruecos en Madrid remitió toda la documentación a dicho órgano judicial, con un expediente y los indicios delictivos que pesan sobre su súbdito para reclamar su entrega.

Salhi es sospechoso de formar parte, en su condición de dirigente, de una organización criminal dedicada a la inmigración clandestina de personas. Jefe de un cartel en Nador, ciudad marroquí separada de Melilla por el simbólico monte Gurugú, conoce a la perfección el negocio del tráfico de personas, macerado en ocasiones con la trata con fines de explotación sexual y el tráfico de hachís.

A la postre este preso ejercía esa actividad ilícita desde 2009 y logró tejer una red de 'soldados' dedicada a la conducción de embarcaciones a motor, vigilancia y suministro de lanchas y pateras y también a la adquisición de motores fueraborda de gran potencia, según la documentación remitida por la Fiscalía especial de Nador.

El punto álgido de su actividad tuvo lugar a partir de 2019, debido a que pudo abastecerse de un mayor número de embarcaciones neumáticas y llegó a organizar hasta tres operaciones clandestinas semanales entre la costa marroquí próxima a Nador y las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. El precio medio que pagaban los inmigrantes que se subían a sus barcas oscilaba entre 15.000 y 20.000 dirhams por persona (de 1.300 a 1.800 euros).

Salhi, que mañana se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional para dirimir la extradición a su país, una entrega que apoya la Fiscalía española pero que él rechaza, está acusado de un delito de pertenencia a organización criminal en su modalidad de dirigente. Una actividad especializada en la facilitación de salida de personas extranjeras de una manera clandestina y habitual. Según el Código Penal marroquí, su acusación corresponde al delito de inmigración ilegal a cambio de dinero con peligro para la vida de las personas.

El escrito remitido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al tribunal de la Sección Tercera de lo Penal concluye que, según el convenio con Marruecos, sí concurren los requisitos de doble incriminación (que los hechos reciban similar reproche penal en ambos países) y mínimo punitivo, al tratarse de una infracción criminal común.

La vista judicial viene precedida por la operación policial que logró detener a Salhi en Roquetas de Mar y que contó con la colaboración marroquí, por lo que también se pondrá en juego la efectividad de la colaboración hispano-marroquí.

Coincidiendo con el visto bueno dado el pasado 11 de octubre por el Consejo de Ministros para continuar con la extradición, el Gobierno anunció una ayuda a Rabat por valor de 30 millones de euros para combatir a las organizaciones de traficantes de personas. De forma previa, la Comisión Europea y España acordaron en verano impulsar la colaboración en la lucha contra estas mafias tras la tragedia humana de la valla de Melilla del pasado 24 de junio.