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El esperadísimo interrogatorio como imputada de la esposa de Pedro Sánchez en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 19 de julio duró exactamente 2 minutos y 36 segundos. Begoña Gómez, con un hilito de voz casi inaudible, únicamente pronunció diez palabras inteligibles: seis ... al principio para saludar con un «buenos días» y decir su nombre completo («María Begoña Gómez Fernández») y cuatro al final («no voy a declarar»).
A pesar de lo cortísimo de la diligencias ante la negativa de la investigada a ser interrogada, lo cierto es que los 156 segundos de audios del breve paso de Gómez por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid - a los que ha tenido acceso este periódico- dieron para bastante, sobre todo para constatar la malísima relación entre el instructor Juan Carlos Peinado y el letrado de Gómez, el exministro del Interior socialista Antonio Camacho, que ha denunciado al juez por prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Las chispas saltaron de inmediato, cuando el magistrado preguntó directamente a la imputada si iba a declarar o iba a acogerse a su derecho a guardar silencio. Camacho no dejó ni terminar al juez y, antes de que su clienta pudiera siquiera abrir la boca, él se apresuró a intervenir: «Señoría, con carácter previo, mi representada no va a declarar. Conoce perfectamente el contenido del auto de su señoría. La tesis de esta defensa que este procedimiento carece de objeto y así lo hemos puesto de manifiesto en el recurso de apelación», comenzó su discurso el letrado, recordando sus críticas a esta instrucción.
«Es evidente que mi cliente no quiere esconderse ni tampoco quiere evitar las explicaciones. Pero esta defensa le ha recomendado que no declare. Porque en este procedimiento, hasta que se resuelva en la audiencia provincial la determinación del objeto, no está claro qué se está investigando», prosiguió Camacho, quien incluso siguió hablando cuando Peinado le cortó. «¿Me permite? ¿¡Me permite, señor letrado!?», tuvo que cortar el juez.
«Esa manifestación tiene que hacerla directa y personalmente la propia investigada. Es una experiencia que se da con reiterada frecuencia con esta sala y en todos los órganos de esta sede y es la investigada la que tiene que hablar», recordó Peinado al abogado, antes de insistirle que «lo que usted ha dicho le ha sido escuchado por este instructor, y le vuelvo a decir que quien tiene que manifestar su deseo de acogerse a su derecho constitucional es la persona investigada».
«Señora, ¿usted va a acogerse a su derecho a no declarar?», preguntó de nuevo el juez. «No voy a declarar», repuso Gómez. «Muchas gracias. Se da por concluida la diligencia», zanjó el instructor de manera áspera.
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