El cabecilla de Gürtel y el constructor Fernando Martín admiten el mayor pelotazo de la trama

Dos décadas después, Martín ha confesado su implicación y ha avanzado que ofrecerá más detalles en su declaración de este martes, en el marco del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por esta pieza separada del 'caso Gürtel', por la que la Fiscalía le reclama casi 20 años de prisión. En su escrito de 3 de febrero, el empresario describe cómo Correa contactó con él entre finales de 2003 y principios de 2004 para «ofrecerle su intermediación ante las autoridades políticas de Arganda», en manos del PP (su entonces alcalde Ginéz López y el concejal Benjamín Martín Vasco también han reconocido los hechos).

Relata cómo se vieron después en el hotel Fénix Gran Meliá de Madrid para cerrar los pormenores del amaño; y cómo, tras esa cita, tuvieron más conversaciones para convenir el tamaño de la mordida. «Se acordó que, a cambio de garantizar la adjudicación a favor de Martinsa, Francisco Correa cobraría de Fernando Martín una dádiva de 25 millones de euros, acordando que 12 millones se abonarían cuando el ayuntamiento adjudicara las parcelas a Martinsa y el resto conforme avanzara la ejecución, en el bien entendido de que desde el ayuntamiento no se pondrían trabas», recuerda Fernando Martín sobre el mayor pelotazo de la red corrupta.

El constructor remacha que era «consciente» de que una parte de esa mordida, que cubrió con ayuda de otros dos empresarios, «tendría como destinatarios» a los responsables de urbanismo del Consistorio. Y así lo ha respaldado este lunes el propio Correa en su declaración ante el tribunal: «Una vez cerrada la operación, sentí la obligación de compartir parte de mi beneficio con Ginés y Benjamín», en referencia al entonces alcalde de Arganda y al entonces exdiputado autonómico del PP. El propio Martín Vasco ha señalado hoy que Correa era el «amo absoluto» de la localidad madrileña de 56.000 habitantes.

En su escrito, Fernando Martín admite cinco delitos: uno de prevaricación, uno de fraude a las administraciones públicas; uno de cohecho; y dos contra la Hacienda Pública. Por ellos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, su defensa acepta que se le impongan tres años de inhabilitación; tres años y cuatro meses de prisión por el total de delitos (aunque ninguna de las penas por separado para cada uno de ellos supera los dos años); y el pago de una multa de más de 270.000 euros.

La defensa también pide que se le apliquen los atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación del daño (en octubre de 2024 procedió a «abonar directa e íntegramente» más de medio millón de euros por «la responsabilidad civil derivada de los delitos fiscales»). A su vez, solicita que se suspenda su entrada en la cárcel al «concurrir» los requisitos excepcionales previstos en el Código Penal (ninguna de las penas por separado supera los dos años de reclusión).

Previamente, Correa ha reconocido también en el juicio la mecánica corruptora con los cargos políticos de Arganda. "A medida que se iban cumpliendo los trabajos pues yo solía ser generoso con ello en forma de viajes, pagos en especie y organización de eventos como bodas", señaló a preguntas de la fiscal.

El que fuera alcalde de localidad, Ginés López, también admitió que cobró comisiones por valor de más de 545.000 euros, explicando cómo comenzó a colaborar con la trama. "El señor Correa en un momento me hizo un ofrecimiento que en un primer instante rechacé, pero que es verdad que luego efectivamente, erróneamente, acepté. Yo estaba informado, yo dejé hacer", afirmó. De los 20 acusados 19 reconocieron los hechos y solo el empresario Luis Bremond descartó un acuerdo con el Ministerio Público.