Canarias y el Estado se citan en una semana para ultimar el reparto de menores migrantes no acompañados

Y aunque el regidor canario ha asegurado que el encuentro ha sido «fructífero», ha lamentado que va «con un mes de retraso» respecto al plazo que se había fijado. No obstante, confía en que la próximo semana esté listo el texto y, con ello, puedan comenzar las negociciones con el resto de grupos políticos a finales de mes y, así, poder «poner un poquito de luz».

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, que también ha estado presente en la reunión de este lunes -en un principio estaba prevista para el 12 de febrero, pero tuvo que ser cancelada por problemas de salud de la vicepresidenta-, ha indicado que han transmitido al presidente de Canarias que van a continuar el «trabajo intenso», unas laborales que no han cesado, según ha señalado, y que esperan, «en una semana», dar desde el Gobierno central «también conclusiones con respecto a todos los avances que se están realizando».

El Ejecutivo canario aseguraba, antes de acudir al encuentro, que esperaba poder dejar apuntalada la financiación que van a recibir las distintas comunidades autónomas con el fin de poder empezar las negociaciones con los grupos parlamentarios del Congreso. Y aunque todavía no se ha concretado este asunto, sí ha salido con el compromiso de que la próxima semana habrá una reunión, por videcofenrencia o telefónica, para poder ultimar estos detalles. Por otro lado, desde el archipiélago siguen reclamando la decisión por parte de la Abogacía del Estado para saber si la medida toma forma de decreto ley o de proposición de ley.

El «parche» para la emergencia que vive el archipiélago como consecuencia del colapso del sistema de acogida de menores no acompañados llevaba estancado desde hace un mes, después de que la ministra de Hacienda tuvo que cancelar la reunión que, finalmente, se ha producido este lunes, 10 de marzo. Unos avances que podrían complicarse aún más tras el acuerdo al que han llegado PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a Cataluña, ya que los de Puigdemont, sabiendo que muchas formaciones se han posicionado en contra del pacto, podrían usarlo como moneda de cambio.

Por este motivo, desde los distintos ministerios implicados en este asunto, las últimas declaraciones se han centrado en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Una propuesta que ya fracasó a principios de verano del año pasado como consecuencia del 'no' del PP, Vox y Junts. Sin embargo, desde Moncloa defienden que es la solución para este problema, que califican de «estructural».

«Nuestra voluntad, ya la conocen bien, es modificar por ley una distribución de los menores que sea solidaria de manera voluntaria en el conjunto de las comunidades españolas y que aquello que ocurrió hace un año, en el verano del 2024, no se vuelva a repetir en el sentido de tener los apoyos suficientes y mayoritarios», ha explicado Torres, en alusión a la no aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, tras la reunión con el presidente de Canarias. Unas declaraciones que se suman a las que ha hecho poco antes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en las que defendía en que por parte del Gobierno «no va a dejar de esforzarse para consguir la modificacion que es lo que da seguridad jurídica y pone por encima de todo el interés general del menor que es lo que debe inspirar esta modificación».