Casado y Abascal abanderan la protesta policial contra la reforma de la ley mordaza

PP y Vox acaban de sumar un nuevo frente a la batalla política que libran desde hace meses por el electorado más conservador. Las dos formaciones pugnan ahora por erigirse los más firmes defensores de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana que el Ejecutivo planea reformar y que este miércoles movilizó por toda España a sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. Pablo Casado y Santiago Abascal en persona quisieron mostrar su apoyo a los agentes concentrados frente a la delegación del Gobierno en Madrid y se comprometieron a «llegar hasta el final» para cambiar una normativa que, según destacan los colectivos policiales, les hará perder autoridad y les «coloca al mismo nivel que al delincuente».

El jefe de la oposición avisó de que irá al Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó con mayoría absoluta en 2015, y si llega al poder retrotraerá la reforma que solo beneficia «a los socios radicales de este Gobierno». «No vamos a tolerar este atropello a la protección de quienes nos protegen, sin seguridad no hay libertad», aseveró Casado, a escasos metros de Abascal.

Ambos dirigentes coincidieron en el diagnóstico sobre las motivaciones de la izquierda para anular la norma. Creen que lo hace en previsión de cuando llegue a la oposición para protestar en la calle. «Quizá están preparándose ya para las algaradas en la calle», expuso el líder de los populares. «Para poder incendiarlas a través de sus esbirros con total impunidad», apostilló el presidente de Vox.

Abascal denunció que la derogación «condena» a los agentes y a los ciudadanos «a la inseguridad y a la violencia», en contra de lo que hará, según dice, con los delincuentes «a los que protegerá». «No protege a los ciudadanos pacíficos que se manifiestan, solo a los que tienen intención de saltarse las normas –añadió–, atacar la convivencia y apelar a la violencia».

Ciudadanos quiso mostrar también su respaldo a los policias y guardias civiles y envío a la movilización en la capital, que sirvió de antesala a la multitudinaria manifestación que se espera para este sábado, a su vicesecretario general, Edmundo Bal. El liberal acusó al Ejecutivo de impulsar una normativa «sin consenso ni diálogo» y que lanza a la ciudadanía el mensaje equivocado de que no debe confiar en la Policía. Y así, señaló, «no se puede trabajar».

Pese a las críticas, el Ejecutivo está decidido a seguir adelante con su reforma de la ley mordaza aunque recuerda que «ni mucho menos se cierran» a discutirla en el trámite parlamentario. En la Moncloa recriminan al PP que se eché a las calles para respaldar a los agentes porque cuando gobernaban no solo no les apoyaban sino que «recortaban plazas». «Este Gobierno es responsable, y lo que va a hacer con esta reforma es mantener su compromiso con la libertad de todos los ciudadanos y garantizar seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», remarcó la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez.

Sin embargo, los agentes no comparten la visión del Gobierno, sino que ven en la norma un ataque a su autoridad que les deja «desprotegidos» ante las protestas en las calles y que pone en riesgo su seguridad y la de sus familias. Varios puntos les molestan especialmente, empezando por que se permita que sus rostros sean grabados y sus imágenes difundidas, así como la limitación a dos horas del tiempo de retención de un indocumentado o la obligacion de devolver al detenido al lugar donde se produjo su arresto. «De policías a taxistas», rezaban algunos carteles ayer en Madrid.

Los colectivos policiales se quejan también porque nadie les ha preguntado para acabar de un plumazo con la presunción de veracidad del atestado policial si los hechos consignados por los agentes no resultan coherentes, como han pactado el PSOE y Unidas Podemos en su reforma. También lamentan que no se les haya pedido su opinión a la hora depermitir manifestaciones sin previa autorización con el consiguiente riesgo para los funcionarios forzados a participar en despliegues improvisados o sobre la limitación de material antidisturbios.