Casado inicia una retirada gradual de su apoyo al estado de alarma

La negociación del Gobierno con los nacionalistas vascos e Inés Arrimadas sirvió el PP para justificar la abstención. Casado aseguró tener en cuenta el contenido del acuerdo, dado que el pacto apuesta por «mejorar la cogobernanza» de la desescalada con las comunidades autónomas y abre la puerta a que las ayudas económicas y las prestaciones por los ERTE puedan sostenerse más allá del estado de alarma. Esta última era una de sus principales reivindicaciones.

Fuentes populares habían interpretado en los días previos al debate que a la dirección del partido le bastaba con un gesto para no llevar hasta el final su oposición, y consideraban que la duración de la charla entre Casado y Sánchez el lunes, aproximadamente de una hora, era una buena señal. Es más, en las organizaciones territoriales se veía precipitada la ruptura con el estado de alarma sin haber preparado el terreno en el plano discursivo y sin que se hubiese asegurado un marco legal alternativo que amparara las restricciones de circulación entre provincias.

En este sentido, tanto el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abogaron el martes por conceder un tiempo al Gobierno para «organizarse». En ese momento, bastaba con que el PP no votara en contra para que la renovación del estado de alarma saliera adelante, al menos una última vez. Pero las conversaciones con Ciudadanos y el PNV restaron valor numérico a la decisión de los populares.

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Lo que Casado espera ahora es que el Gobierno recurra a la legislación ordinaria para administrar la transición a la normalidad. Aunque existe un debate jurídico sobre el alcance de las leyes y también en las filas populares hay dudas sobre hasta qué punto se podría limitar la movilidad sin la declaración de alarma, el presidente del PP citó la normativa de Salud Pública, la General de Sanidad, el Reglamento para la lucha contra las enfermedades infecciosas, aprobado en 1945, la ley de Protección Civil y la de Seguridad Nacional, entre otras.

Ese armazón, a su juicio, permitiría establecer un mando único en la crisis e incluso restringir el tránsito de la población. También se abrió a reformas legales. «Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B ajustado a la legalidad y al respeto a la libertad –avisó a Sánchez–, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición».

No hubo momentos de encuentro. Casado habló de «estrepitoso fracaso» del Gobierno, de «imprevisión dolosa», «incapacidad culposa» y «chapuzas». Acusó al Ejecutivo de «mentir» sobre las causas de las elevadas cifras de la epidemia, de dar explicaciones de «curandero», de «manipular» las consecuencias económicas y sociales e incluso de «malversar» los instrumentos del sistema democrático.

No cambió el clima a medida que avanzó la sesión. Más bien, lo contrario. El debate puso de manifiesto las enormes dificultades para el entendimiento entre los dos líderes. Después de que el jefe del Ejecutivo reclamara al PP «liberarse» de la extrema derecha, le atribuyera un miedo a cerrar acuerdos y equiparara su abstención con el voto en contra, Casado definió a su adversario como un «error absoluto» y le auguró un «calvario» en cada votación del Congreso por su «arrogancia insultante»

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