Ceder diputados, una práctica común pero jurídicamente discutible

«En teoría, no es un fraude de ley, pero es lo más parecido», defiende David Delgado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. «No es un fraude de ley porque lo permite el reglamento y porque evidentemente hay un margen de discrecionalidad que permite hacerlo. Pero, en mi opinión, lo que se acaba produciendo es una distorsión entre el peso electoral que se manifiesta en las urnas y el peso parlamentario», argumenta este experto.

También ha hablado de «fraude» el dirigente del PP Borja Sémper, que ha afeado este trasvase de diputados pese a que su partido también ha recurrido a esta práctica en el pasado. En la XII legislatura los populares prestaron escaños al PNV, con el que negociaban la investidura de Mariano Rajoy, para lograr grupo propio en el Senado. «Por mucho que se haga», ha reiterado Sémper en RNE, no es algo que se pueda considerar «edificante», ya que «altera el resultado de las elecciones, lo maquilla».

Coalición Canaria inauguró esta práctica en 1993 y es la formación que más se ha beneficiado -hasta en cuatro ocasiones- . Además del citado caso del PP, el PSOE también cedió parlamentarios para que Podemos tuviese grupo propio en el Senado y lo mismo hizo ERC con JxCat en la XIII Legislatura.

La Mesa del Congreso ha permitido obtener grupo a formaciones sin que se cumpliesen los requisitos. Sucedió con ERC en 2004 -cuando con ocho escaños y pese a no haber alcanzado el 15% en las circunscripciones en las que se presentó- y con UPyD en 2011, que sólo obtuvo cinco diputados y no logró el 5% de voto nacional. Pero también hay precedentes de vetos en la Mesa. En 2011 el PP impidió un grupo de Amaiur y en 2016 junto a Ciudadanos imposibilitaron uno de ERC, Bildu e IU.

Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, cree que esta práctica es «jurídicamente discutible en el sentido de que es una táctica que se utiliza para poder crear un grupo parlamentario con todas las posibilidades que eso conlleva de tiempos, asistencia técnica y emolumentos».

El motivo económico es, a juicio de Delgado, el que «más se oculta y el más importante». La diferencia entre tener grupo propio y no tenerlo «acaba implicando muchas centenares de miles de euros al año que en el caso de partidos pequeños determina la supervivencia de sus estructuras territoriales», señala el profesor de la URJC.

En el caso de Junts y ERC la retribución será de 42.569,84 euros al mes, la suma del fijo como grupo más la variable por los siete diputados que tiene cada fuerza.

Pese al debate de fondo, todas las fórmulas utilizadas por la Mesa de ambas Cámaras para prestar parlamentarios han sido hasta la fecha ratificados por el Tribunal Constitucional salvo en 2017 cuando el TC corrigió al Senado y autorizó que el PDeCAT tuviese grupo propio.