El Supremo mantiene a Junqueras en prisión y le niega el acta de eurodiputado

El alto tribunal español, a través de las resoluciones simultáneas este jueves de dos de sus salas y con el acuerdo de doce magistrados, niega definitivamente al exvicepresidente catalán su condición de representante europeo y la posibilidad de estar el próximo lunes en la sesión plenaria del Parlamento para presidir el grupo de los independentistas de la UE, la Alianza Libre Europea (ALE). La negativa a dejar en libertad a Junqueras fue inmediatamente comunicada por carta al presidente Eurocámara, David María Sassoli, por parte del propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes.

Por un lado, los siete jueces de la Sala de lo Penal del Supremo que juzgaron a los líderes del 'procés' reconocen, tal y como fijó el TJUE en su sentencia del pasado 19 de diciembre, la condición de eurodiputado de Junqueras desde su proclamación el pasado verano, pero zanjan que el derecho español no hace necesario un suplicatorio cuando ya se ha comenzado el proceso penal contra el implicado. Y menos cuando el político fue juzgado incluso antes de convertirse en parlamentario europeo.

Por otro lado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechaza la petición urgente del expresidente de anular de forma inmediata la decisión de la Junta Electoral Central del pasado 3 de enero, que certificó la invalidez del político para desarrollar cualquier función pública desde que la sentencia del 'procés' el pasado 14 de octubre le condenara a trece años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación.

La sala que preside Manuel Marchena –en sintonía con la Fiscalía y en contra del criterio de la Abogacía del Estado– se niega a dar permiso alguno a Junqueras para recoger su acta porque entiende, al igual que la JEC, que el político catalán no tiene ningún tipo de inmunidad.

Los magistrados consideran que no hay que cursar suplicatorio alguno a la Eurocámara porque ese privilegio se rige exclusivamente por el derecho nacional y en España solo se pide ese permiso parlamentario si el investigado es en ese momento aforado y no si ya está sometido a juicio cuando sobreviene su elección. En el caso de Junqueras, su proclamación (13 de junio) es posterior incluso a la conclusión de la vista oral, que se produjo un día antes.

La Sala de lo Penal admite que, en virtud del fallo del Tribunal de Luxemburgo, debía haber permitido la excarcelación de Junqueras (entonces juzgado pero no condenado) para acudir a la Junta Electoral Central para acatar la Constitución, trámite previo para acceder al cargo electo. Sin embargo, el Supremo zanja que esa situación ya no existe porque entonces el político catalán se encontraba en prisión preventiva y ahora, en cambio, está sentenciado en firme a trece años de inhabilitación.

El tribunal del 'procés' hace hincapié en que la «inmunidad de desplazamiento» reconocida por el TJUE no era un «blindaje» frente a la sentencia contra los líderes separatistas. Rechaza, igualmente, que exista causa alguna de nulidad del juicio, que –vuelve a recordar– terminó un día antes de que Junqueras fuera proclamado europarlamentario electo, o de la sentencia condenatoria que llegó ya en octubre.

Tras el varapalo de Sala de lo Penal negando la condición de europarlamentario, la Sala de lo Contencioso tramitará ahora la petición de Junqueras de suspender el acuerdo de la JEC por trámite ordinario, en el que se da traslado de alegaciones por cinco días a la Junta Electoral Central antes de decidir.

En cualquier caso, el fallo de la sala que preside Marchena, que llegó solo minutos después del acuerdo de los magistrados de lo Contencioso, ya vaticina que el Supremo no va a enmendarse a sí mismo para dar luz verde a la excarcelación de Junqueras por vía del contencioso. Otra cosa es que dictamine que la JEC no tenía capacidad para declarar su inhabilitación, cosa que ya sí ha hecho el Supremo.

Y es que los magistrados de lo Contencioso-Administrativo ya habían determinado, sin entrar al fondo del asunto, que no existía tanta urgencia como planteaba la defensa de Junqueras para resolver sobre el fallo de la JEC porque, sea como fuere, el político catalán ya está condenado en firme. Y por la más alta instancia judicial del país.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín cobrarán casi 70.000 euros del Parlamento Europeo en calidad de atrasos de salarios y dietas por haber sido reconocidos formalmente como eurodiputados desde el 2 de julio de 2019. Cada eurodiputado tiene derecho a un sueldo neto de 6.824,85 euros mensuales y a dietas para gastos generales que cuyo importe asciende a 4.513 euros cada mes. La institución comunitaria pagará estos retrasos a ambos líderes independentistas con carácter retroactivo, según han confirmado fuentes parlamentarias.