Dos comisionistas querellados de contratos sanitarios compraron coches de lujo y un yate

La querella se ha presentado por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Medina se habría beneficiado de una comisión de cerca de un millón de euros, dinero con el que habría adquirido, según la Fiscalía, un yate modelo Eagle 44, llamado 'Feria' y por el que pagó 325.515 euros. Mientras tanto, su socio elevó presuntamente las mordidas a 4,6 millones, de los cuales tres fueron blanqueados presuntamente con la adquisición de nueve vehículos de alta gama, relojes Rolex, ocio vacacional y una vivienda de lujo en Pozuelo de Alarcón, la ciudad madrileña con mayor renta por habitante.

El escrito tiene su origen en las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía el 19 de noviembre de 2020. El relato arranca en marzo de ese año, tras la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno, cuando el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid por el que esta se comprometía a garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad para el personal municipal.

En torno a esa fecha, Luceño y Medina, «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico», ofrecieron al consistorio la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China. Medina fue la persona que contactó con el consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida». Esta persona -se sospecha que es el abogado Carlos Martínez-Almeida, primo del regidor- le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del consistorio, Elena Collado Martínez, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.

Según la querella, Collado Martínez era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».

Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. Pero en realidad, «ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», subraya el escrito de la Fiscalía para demostrar su engaño.

Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid -como compradora- y la compañía malaya EEE -como vendedora para adquirir material sanitario-. Según detalla la querella, las transferencias recibidas por el hijo de Naty Abascal corresponden a la comisión pactada entre la empresa asiática y él de un dólar por cada mascarilla (un millón de dólares en total: 915.000 euros).

«De esto se infiere que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares -2.460.647,16 euros- y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto, solo con las mascarillas, 4.000.000 dólares; es decir, el 148% del precio real del producto», recoge el escrito.

En el caso de los guantes de nitrilo, Luceño había asegurado al cargo del ayuntamiento que se trataba de «guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo». Sin embargo, los guantes que se recibieron el 8 de abril de 2020 eran de «ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca».

También en este caso se había pactado una comisión igual para ambos querellados, por la que se obtendrían 4 millones de dólares (el 426% del precio real del producto), y a las que los querellados renunciaron para «intentar contentar al Ayuntamiento de Madrid», visto el fracaso de la operación y ante las quejas de la mala calidad de los guantes.

En la misma línea, se pactaron comisiones de unos dos millones de dólares por la compra de test rápidos, pero «la mayoría de las pruebas que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosas».

De los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94%); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80%, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66%.

La querella señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, de los 4,6 millones fueron a Luceño mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal. Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros y tres relojes Rolex con costes de 6.550 euros, 26.000 euros y 9.900 euros.

De igual modo, el dinero se destinó a la compra de un Aston Martin DB11 (160.000,00 euros); un Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), un Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros); otro Mercedes SCL 300 (54.500 euros); un Range Rover Sport (102.000 euros); un KTM X BOW (91.800 euros); y un BMW I8 Roadster (121.000 euros)

Con excepción del Aston Martin, «estos vehículos fueron facturados a la sociedad de la que Alberto Luceño es administrador y accionista único. También pagó una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje y un trastero por más de un millón de euros. Y se gastó otro millón de euros en la compra de más vehículos de alta gama como un Lamborghini Huracán Evo Spider y un Porsche Panamera.