El Congreso se queda enganchado en Cataluña

El síntoma más evidente del problema fue la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de no enviar en septiembre al Parlamento los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Lo hizo porque sabía que sería imposible recabar el apoyo de aquellos que salvaron las cuentas de 2017, y muy particularmente del PNV, mientras el conflicto con el gobierno de la Generalitat estuviera en su momento álgido. Y lo hizo pese a ser consciente de que con ello incumplía el artículo 134.3 de la Constitución. Pero, con ser llamativo y especialmente relevante, este no ha sido el único caso de procrastinación.

Las comunidades autónomas del régimen común y sus ciudadanos, incluidos los de Cataluña, están entre las principales víctimas del bloqueo. El Ejecutivo se comprometió en enero a intentar que este año viera ya la luz la reforma del sistema de financiación con el que se sufragan las competencias transferidas -fundamentalmente la Educación, la Sanidad y los Servicios sociales, que se llevan cerca del 80% del gasto-, pero ya reconoce que será imposible hacerlo. La ley por la que se rigen en la actualidad caducó en enero de 2014. La Generalitat ni siquiera designó un experto propio para la comisión que se creó al efecto a principios de año y presentó sus trabajos en julio.

Con todos sus esfuerzos centrados en parar el golpe catalán, en La Moncloa se han llevado ya además algún susto. La Comisión Europea pidió recientemente al Tribunal de Justicia de la UE que imponga una multa de 105.991 euros por cada día que pase sin que España haya acometido una reforma la Ley Hipotecaria para adecuarla a la legislación comunitaria. La directiva debería haberse traspuesto antes del 21 de marzo de 2016. No pudo ser, primero, porque en aquel momento el Gobierno se encontraba en funciones (lo estuvo durante casi ocho meses). Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, también apuntó a la situación de Cataluña. El Consejo de Ministros aprobó la norma el 3 de noviembre. Ahora tiene que tramitarse en las Cortes.

Aún no se ha procedido tampoco a la renovación del consejo de administración de RTVE. La portavoz socialista, Margarita Robles, recordó por carta hace un par de semanas a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que la reforma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre y que desde entonces no se ha hecho nada. Son las Mesas del Congreso y el Senado las que deben aprobar la normativa que contemple la selección de los miembros del concurso público. Pero lo cierto es que la mayor parte de los grupos parlamentarios han estado también volcados en lo que ocurría en Cataluña y sus posiciones al respecto no ha facilitado el entendimiento ni en este ni en otros ámbitos.

En junio, después de ser elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez anunció su intención de crear un «espacio de diálogo» con el resto de fuerzas parlamantarias, y especialmente con Podemos y Ciudadanos, para hacer frente al PP y tumbar sus políticas. En julio incluso creó una mesa de «colaboración permanente» con la formación de Pablo Iglesias. Dijo que se centraría en un plan para jóvenes. A la vuelta del verano, con la amenaza de la declaración uniltaral de independencia de Cataluña sobre la mesa, todo se desinfló. Hubo un acuerdo para crear una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia en Angrois en 2013, pero poco más.

El apoyo de Sánchez al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha colocado a socialistas y 'podemistas' en extremos contrapuestos. Y la proximidad de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, en las que Ciudadanos y PSOE compiten por similar espacio electoral, hace muy complicado el diálogo entre el líder de la oposición y Rivera. Es más, ahora el PSOE sostiene que el dirigente centrista está «a la derecha del PP».