El Constitucional tumba la reforma del reglamento del Senado que hizo el PP para frenar la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso presentado por el PSOE y ha anulado la reforma operada por el PP en el Senado para dilatar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.

De esta forma, ha acogido la ponencia redactada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo, que proponía estimar la impugnación formulada por más de 50 senadores socialistas contra la reforma de los artículos 133 y 182 del Reglamento del Senado que quedó aprobada en noviembre de 2023 a instancias del PP y con el respaldo de Vox y UPN.

Las fuentes precisan que la ponencia de Campo ha salido adelante con los siete votos de la mayoría progresista más el del magistrado conservador César Tolosa, mientras que el resto del bloque conservador se ha mostrado en contra.

La reforma permitía que la Mesa del Senado decidiera autónomamente sobre la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley, aún cuando hubieran sido tramitadas por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.

Además, los 'populares' incluyeron en la reforma la modificación del artículo 182, de modo que el presidente del Gobierno y el resto de miembros del mismo estaban obligados a comparecer en el Senado cuando lo solicitaran dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores.

Los socialistas alegaron que los citados artículos podían vulnerar el artículo 90.3 de la Constitución, según el cual «el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso».

También sostenían que la tramitación de la reforma había prescindido de los trámites esenciales previstos en el Reglamento del Senado, lo que determinaría la invalidez de la reforma en su integridad.

Esta reforma reglamentaria provocó que la ley de la amnistía estuviera dos meses frenada en la Cámara Alta. Finalmente, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de junio.

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